Vox Andalucía pide la dimisión de Yolanda Díaz por "criminalizar" al campo: "Ni Cañamero sería capaz de una orden así"

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha pedido este jueves la dimisión inmediata de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras su "inaceptable ataque al campo español" al dar instrucciones a los inspectores de
Trabajo para que vigilen si en el campo se producen casos de esclavitud y se ha mostrado convencido de que ni el líder jornalero y exdiputado de Podemos Diego Cañamero "sería capaz de haber emitido tal instrucción".

En un comunicado, Alonso ha criticado que la ministra de Trabajo "criminalice a un sector tan importante para el Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía como el agroalimentario" al poner sobre la mesa "la posibilidad de que en pleno siglo XXI se produzca un escenario de esclavitud", actitud que ha calificado como "totalmente
irresponsable".

"Por el mero hecho de dar esa orden, la ministra de Trabajo debería dimitir de manera inmediata. No nos extraña que hagan este tipo de manifestaciones porque su hoja de ruta es establecer el comunismo en España", ha manifestado el parlamentario de Vox por Almería, que ha recordado que la presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también "criminalizaba los productos agrícolas andaluces, invitando incluso a no comprarlos".

Tras señalar que "esta orden que ha instado la ministra de Trabajo creemos que ni el propio Cañamero sería capaz de haber emitido tal instrucción", Alonso ha rechazado este "atentado frontal contra la dignidad de los trabajadores y de un sector tan sumamente importante para Andalucía y el conjunto de los españoles" y ha querido dejar claro que "aquel empresario que cometa abusos con respecto a sus trabajadores, hay que sancionarlo y debe caerle encima todo el peso de la ley".

Por último, ha indicado a Yolanda Díaz que si quiere velar por el sector
agroalimentario debe mandar órdenes de inspección a los puntos fronterizos "para
controlar el exceso de cupo que entra procedente de países terceros". "Así va a proteger al campo, pero señalándolo y criminalizándolo es un atentado a la dignidad de los trabajadores y a la dignidad de todo el sector agroalimentario", ha concluido.