SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Vox ha mostrado su disposición a "reformular" su petición para conocer los nombres de las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza para no chocar con la Ley de Protección de Datos "si ése es el problema".
Así, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha dicho que les "valdría" la titulación y experiencia de dichas personas para saber si están "cualificadas" para el desempeño de una tarea "que no debe hacerla cualquiera".
"Si no sale adelante nuestra petición como la hemos formulado, --se debate este miércoles en la Mesa del Parlamento--, estaríamos dispuestos a esa otra fórmula", ha señalado Alonso, quien ha defendido que su petición no debe llevar a "alarma porque no atenta contra nadie".
Preguntado sobre quién evaluaría si la persona es o no apta trabajar en estas unidades, el diputado de Vox ha dicho que tendría que quedar en manos de "expertos" y ha apuntado como una posibilidad el nombre de Fernando Chacón, vicepresidente primero de los Colegios Oficiales de Psicólogos, por unas declaraciones que ha hecho al respecto.
El diputado de Vox, que ha criticado que se haya puesto "el grito en el cielo" con este asunto, ha destacado que los Colegios de Psicólogos llevan demandando mucho tiempo a la Junta y al Ministerio dicha cuestión porque este tipo de trabajo lo tiene que hacer un perito "y se está primando el valor económico y lo más barato".
"NO QUEREMOS METERNOS EN LA CASA DE NADIE"
Ha dicho que en más de una ocasión "el lado feminista ha reclamado que se hagan públicos los nombres y apellidos de los maltratadores, algo que nos parece razonable, pero nosotros solo pedimos saber si están cualificados quienes trabajan ahí, no queremos meternos en la casa de nadie".
Según Alonso, "no es en sí señalar y buscar los nombres y apellidos, sino saber qué preparación tienen quienes ejecutan una labor tan importante". Y es que, en su opinión, no puede ser que "cualquier funcionario" emita un informe pericial. "Tienen que ser personas independientes", ha subrayado el diputado de Vox.
Ha descartado en principio ampliar la petición al personal funcionario de los Juzgados que también trabaja en el ámbito de la violencia de género, asegurando que no ponen ahí el foco, respetando la "independencia judicial sin influencias externas". No obstante, ha añadido que conforme surjan las circunstancias irán actuando.
De otro lado, Alonso ha censurado que la Junta haya dejado sin ejecutar el 70 por ciento de las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género y que el 30 por ciento restante haya ido a "sueldos y gastos corriente del lobbie, y no a las mujeres maltradas".
Además, según ha precisado, del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) "solo el 2,8 por ciento ha llegado a las mujeres maltratadas, el resto ha ido a parar a asociaciones, gastos de personal y gasto corriente, pero no a la lucha contra la violencia intrafamiliar".