Un abogado sevillano avisa que cortar el agua a pisos turísticos ilegales puede "vulnerar derechos fundamentales"

Señala que no sería posible "eliminarles o restringirles el acceso a ciertos servicios comunes, porque estaríamos ante un ilícito penal"

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El abogado sevillano José Antonio Sires ha analizado este viernes la pretensión del alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, de que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) interrumpa el suministro a los pisos turísticos en situación de irregularidad; señalando que el ordenamiento jurídico reconoce el acceso al agua "como un derecho universal" y que la medida, de ser finalmente emprendida, será objeto de recurso contencioso administrativo por "vulnerar derechos fundamentales" e infringir normas "de rango superior".

En declaraciones a Europa Press, el letrado José Antonio Sires ha reflexionado sobre esta medida que según el alcalde de Sevilla está destinada a "actuar con firmeza y tolerancia cero en aquellos casos en los que no se cumpla con los requisitos que marca la normativa y (las viviendas turísticas) estén operando de forma irregular".

Al respecto, este abogado ha llamado a no "confundir obligaciones con derechos", tras lo cual ha puesto especial énfasis en que en 2015, el Tribunal Supremo "estableció que el consumo de agua, el acceso al servicio básico de agua, no es una tarifa, sino una tasa y por lo tanto, no es un servicio sino que es un derecho fundamental".

"UN DERECHO UNIVERSAL"

"El ordenamiento jurídico español establece el agua como un derecho universal y debemos tener en cuenta que el derecho al consumo de agua es un bien jurídico global e incluso en el ámbito europeo, la Carta Europea de Derechos a Recursos de Agua estableció ya en 2001 que toda persona tiene derecho a tener un servicio mínimo de agua para cubrir sus necesidades básicas", ha puntualizado.

Recordando el carácter "universal" del acceso al agua como bien básico, José Antonio Sires ha valorado este anuncio del alcalde como un "órdago social o aviso a navegantes" frente a la problemática de las viviendas turísticas ilegales, pero ha alertado de que no sería posible "eliminarles o restringirles el acceso a ciertos servicios comunes, porque estaríamos ante un ilícito penal de coacciones".

"POSIBLE ILEGALIDAD"

Así, este abogado ha vaticinado que cuando los servicios jurídicos municipales "estudien la posible ilegalidad de esta norma que no puede vulnerar una norma de rango superior, pues evidentemente avisarán al alcalde de que se va a encontrar con numerosos recursos contencioso administrativos por vulnerar derechos fundamentales y dictarse una norma que vulnera otra de rango superior".

Por eso, José Antonio Sires ha considerado que para afrontar este problema de las viviendas turísticas en situación de "irregularidad administrativa", el Consistorio hispalense habrá de actuar precisamente a través de esa vía, o sea la administrativa.