Se acogen a su derecho a no declarar los tres primeros ediles de Limones citados por el caso ACM

Dos de ellos son la actual directora de Personas Mayores de la Junta y el vigente segundo teniente de alcalde del Consistorio alcalareño

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que investiga las presuntas irregularidades y desvíos detectados en la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, ha acogido este jueves la comparecencia como investigados de la que fuera teniente de alcalde Miriam Burgos, actual directora general de Personas Mayores y Pensiones de la Junta de Andalucía; la exedil socialista Gloria Marín y el actual segundo teniente de alcalde del Gobierno municipal de la socialista Ana Isabel Jiménez, Salvador Escudero.

No obstante, y según las fuentes consultadas por Europa Press, todos ellos se habrían acogido a su derecho constitucional a no declarar.

A través de una providencia emitida el pasado 11 de enero y recogida por Europa Press, el juez instructor ordenaba que este miércoles 1 de marzo compareciesen como investigados la que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento alcalareño durante la etapa de Antonio Gutiérrez Limones como primer edil Miriam Burgos, --quien actualmente ostenta la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones de la Junta--; la exedil socialista Gloria Marín y el actual segundo teniente de alcalde del Gobierno municipal de la socialista Ana Isabel Jiménez, Salvador Escudero.

Para este jueves 2 de marzo, el juez cita como investigados a las exconcejales socialistas Guillermina Navarro, María José Borge y María Dolores Gutiérrez, todas ellas pertenecientes al antiguo equipo de Gutiérrez Limones; mientras para el 3 de marzo convoca, también como investigado, al exedil del PSOE Rafael Chacón, secretario general de la agrupación socialista de Alcalá y actual director general de Movilidad de la Junta de Andalucía.

Para ese último día, además, está previsto que declare en calidad de investigado, "por videoconferencia desde el Juzgado Decano de Ronda" (Málaga), uno de los antiguos proveedores de ACM, Jesús Salvador Jurado Castaño, quien ya figuraba en una de las anteriores tandas de comparencencias ordenadas por el juez instructor.

EL CASO ACM

El asunto, en resumen, parte de la denuncia elevada a la Fiscalía por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá, allá por junio de 2013, cuando ACM afrontaba ya su fase de liquidación. Dicha denuncia contendría una grabación sonora en la que una voz que los denunciantes identifican con la del contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio exalcalde socialista Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio de la grabación.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación judicial, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", toda vez que el Gobierno local socialista ha negado en todo momento que hayan mediado prácticas delictivas en la gestión de la empresa.

En cualquier caso, a comienzos del pasado mes de mayo de 2016, el juez instructor dictaba un auto acordando "dar conocimiento y traslado de la presente causa a Antonio Gutiérrez Limones (entonces alcalde de Alcalá de Guadaíra y diputado del Grupo socialista en el Congreso tanto en la anterior y efímera legislatura, como en la actual), para que se persone si así lo desea a los efectos de que pueda ejercer su defensa frente a los hechos que se le imputan, otorgándole la posibilidad de constituirse como parte y tome conocimiento de la misma".

Tras la emisión de dicho auto, Gutiérrez Limones decidió dimitir como alcalde de Alcalá, alegando la "incompatibilidad" orgánica en la que habría incurrido al simultanear los cargos de alcalde y de diputado, cargo que sigue ostentando con el consiguiente aforamiento.