Agentes de Medio Ambiente alertan de realizar tareas diarias en coches particulares y retrasos de un mes en la ejecución

Resaltan que "los servicios de emergencias del 112 y los incendios se atienden, esto es, lo prioritario"

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía ha alertado de que los trabajadores de este colectivo están realizando actualmente tareas y servicios rutinarios en vehículos propios de particulares y además la ejecución de algunas de estas tareas alcanzan retrasos de un mes, como consecuencia de las medidas de racionalización del gasto puestas en marcha por el Gobierno andaluz.

El presidente de la Asociación andaluza, Antonio González, ha explicado a Europa Press que, en ocasiones, para que no se retrasen los servicios que tienen que prestar a ciudadanos, "estamos haciendo revisiones a fincas en los coches particulares de los propietarios de éstas". En este sentido, ha precisado que ante las peticiones ciudadanas de trabajos como poda, desbroce o aclareo, actuaciones que están sujetas a autorización de la Consejería de Medio Ambiente, el agente debe realizar una inspección de la finca en cuestión, acompañado del propietario. "A la falta de combustible por los recortes en el colectivo en este sentido, hay que añadir que estas inspecciones la tenemos que hacer en los coches de los propietarios, dando un imagen pésima", ha lamentado.

Por otro lado, ha asegurado que en algunos casos tenemos que esperar "más de un mes para poder atender una petición, pues no tenemos combustible y para que se acorte este retraso hablamos con el propietario de la finca por si no le importa que vayamos en su vehículo".

Sin embargo, ha resaltado que "es cierto que los servicios de emergencias del 112 y los incendios se atienden, esto es, lo prioritario, pero se desatienden las actuaciones diarias y normales, que son las mayoritarias".

González, de esta manera, ha querido aclarar una respuesta parlamentaria del consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), recogida por Europa Press, en la que aclaraba que las medidas para racionalizar el gasto público en el colectivo han tenido en cuenta una serie de factores para que "ningún servicio de trascendencia ambiental quede sin realizar". Además, indicaba que cada Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias, ha establecido medidas para racionalizar el gasto público y en este caso concreto se ha establecido una asignación por Unidad Biogeográfica, teniendo en cuenta una serie de factores como la disponibilidad de crédito existente, cargo de trabajo de cada unidad o la extensión superficial; siendo todos mecanismos para que ningún servicio de trascendencia ambiental quede sin realizar. "En la situación de constricción económica por la que se atraviesa, la Administración andaluza ha establecido planes de racionalización del gasto público en todas sus Consejerías y entidades instrumentales", afirma el consejero.

En este sentido, el presidente de los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía ha afirmado que estos recortes "no ven que afecten en absoluto a entidades instrumentales como a los trabajadores externos de la antigua Egmasa". "No apreciamos en el trabajo diario la reducción en el gasto de las entidades instrumentales, pues no vemos que trabajadores externos de la antigua Egmasa tengan que subir cuatro en un mismo coche para trabajar", ha lamentado.

PLAN DE INSPECCIONES 2011, "NINGUNA ACTUACIÓN"

Por otro lado, ha afirmado que el titular de Medio Ambiente "siempre ha garantizado los servicios que se realizan dentro del Plan de inspecciones Medioambientales para 2011 ante los recortes, si bien hasta la fecha no se ha hecho ni un solo servicio dentro del mismo". Al hilo de esto, ha ironizado que "si no se han realizado actuación alguna dentro del plan, es cierto que no afectan a éste los recortes".

El presidente, del mismo modo, ha señalado que es "difícilmente justificable que se pueda revisar un servicio de vigilancia del patrimonio ambiental cuando un vehículo cuanta con 40 euros al mes de combustible". Por otro lado, ha mostrado su "indignación" por "las acusaciones del consejero sobre el colectivo en relación a un posible despilfarro y prácticas inadecuadas con los coches en la respuesta parlamentaria". "Como asociación, estamos a favor de que se inicien medidas sancionadoras con los agentes que realicen un uso irregular de los vehículos, pero los casos puntuales no son excusas para que el consejero acuse a un colectivo de despilfarro de medios de la Administración en beneficio particular", ha añadido.

De otro lado, González ha reiterado que "hasta la fecha no se ha realizado ni una sola inspección del Plan anual de 2011" y ha aclarado que "solo se ha programado las inspecciones al sector de las lavanderías". En este sentido, ha precisado que "solo se ha desarrollado el protocolo de actuación en este sector por la producción de residuos peligrosos como los compuestos orgánicos volátiles que genera su producción; pero no hay fecha de inicio de la actuación de inspección".

"El Plan de inspecciones es otra normativa muy bonita publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que no se aplica y solo sirve para que el político de turno se haga la 'fotito'", ha lamentado.

"PRIORIDADES EN FUNCIÓN DE IDEOLOGÍAS"

Además de los recortes en combustible, González ha alertado de "irregularidades en la dotación y reposición de los equipos de protección individual". Por último y en referencia a la aclaración de Díaz Trillo sobre la priorización de las actuaciones de los agentes, acordadas por los titulares de las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, los coordinadores provinciales de este colectivo y los distintos jefes de servicio, González ha manifestado en declaraciones a Europa Press que este hecho es "preocupante", pues "quien conoce los servicios prioritarios son los que están a pie de campo".

"En el momento en el que la prioridad de una actuación la marque el jefe de servicio o el delegado comienzan los parámetros de fincas y municipios prioritarios en función de la ideología política, rompiéndose como consecuencia de ello la prestación de un servicio público igualitario para todos".