Aguayo preside este viernes una reunión de la Mesa General sobre los ajustes donde acudirán miembros de CSIF, CCOO y UGT

Satse exige a la Junta estar presente en la Mesa General "por su representatividad" y cree que "se podría estar cometiendo un delito"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, asistirá este viernes en Sevilla a la reunión extraordinaria que celebrará la Mesa General de Negociación del Empleado Público para analizar el plan de ajuste de la Junta, a una convocatoria a la que acudirán miembros del área de función pública de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT.

En declaraciones a Europa Press, el coordinador del Área Pública de CCOO-A, José Blanco, ha indicado que acudirá él mismo a la Mesa como máximo representante del ámbito de función pública del sindicato, y lo hará "con voluntad de diálogo y negociación", tras lo que ha recordado que el sindicato "ha expresado su rechazo al plan de ajuste por considerarlo desproporcionado, pero hemos planteado medidas y alternativas a dicho plan".

Asimismo, CCOO demandará este viernes a la Junta que especifique "de donde salen los 777 millones" y que les concrete las partidas de los "recortes", que, a su juicio, "son lesivos con determinados colectivos de trabajadores", toda vez que "se plantean además recortes laborales o sociales".

Por ello, el sindicato quiere conocer "cuál es el impacto del plan sobre cada una de las consejerías y administraciones" y ha dejado claro a la consejera que CCOO "tiene propuestas concretas que garanticen la eficacia y eficiencia y que van encaminadas a reducir la cantidad propuesta de recorte en el Capítulo 1". "No entiendo que la consejera diga que no hacemos propuestas", ha agregado Blanco.

Por su parte el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, ha anunciado que él mismo acudirá a la Mesa General, ya que "no le corresponde ni a Pastrana ni a Carbonero acudir, cada uno tiene su papel".

En declaraciones a Europa Press, Tirado ha indicado que en la reunión el sindicato "seguirá manteniendo su punto de vista, reivindicando que no haya pérdida de empleo público", y haciendo sugerencias como "mantener unos servicios públicos de cantidad y calidad, sin permitir privatizaciones no externalizaciones", además de demandar "una disminución de coches oficiales y otros gastos suplerfluos".

UGT-A, que también exige "datos y detalle sobre cómo están planteados los recortes", pide que "se haga el esfuerzo máximo para recortar en cualquier partida que haga disminuir la presión sobre las nóminas de los empleados públicos", aunque demanda que "si al final hay que recortar en el Capítulo 1, que se haga progresivamente".

Tanto el portavoz de UGT-A como el secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Francisco Iglesias, consideran que "ningún alto cargo de la administración andaluza puede tener un descuento en sus retribuciones inferior al que tenga cualquier empleado de la Administración". Ambas centrales han valorado el aumento al 7,5 por ciento del recorte de retribuciones a altos cargos, aunque CSIF lo considera "todavía insuficiente".

En declaraciones a Europa Press, Iglesias ha anunciado que CSIF también acudirá a la reunión de la Mesa General de este viernes con la idea de "escuchar nuevas propuestas de la Junta", toda vez que "desde el primer día que se nos trasladó el plan de ajuste hemos hecho nuestras propuestas para rebajar los 777 millones planteados", sobre los que han lamentado que "no precisen cuanto se rebaja en cada departamento".

Iglesias ha recordado que CSIF propone una reducción del 50 por ciento de los altos cargos y directivos, una reducción salarial mayor y progresiva en los altos cargos, de forma que "planteamos propuestas desde la primera fase que son fácilmente cuantificables", frente a lo que ha lamentado que la Junta "sólo hace dar vueltas y generar confusión entre los sindicatos".

CSIF pide que la Consejería "haga sus números" ya que considera que "no puede ser que tras tres mesas generales no sepamos las cifras concretas". "Vemos mesa tras mesa como la Administración no avanza, por lo que nos parece que hace un auténtico 'paripé' en la negociación", ha aseverado.

PROTESTA DE SATSE

Por su parte, el Sindicato de Enfermería (Satse) de Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía su convocatoria a la próxima reunión de la Mesa General de la Función Pública "en la que debe estar presente por su representatividad".

En este sentido, Satse advierte en una nota de que la actual composición de la mesa "es ilegal al no estar presentes todas las organizaciones sindicales legitimadas tras los resultados de las últimas elecciones sindicales", motivo por el que, a su juicio, "los representantes de la Junta de Andalucía podrían estar incurriendo en un delito".

En concreto, el Sindicato de Enfermería recalca que desde las últimas elecciones sindicales la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), en la que se integra junto al sindicato ANPE, cuentan con un 16 por ciento de representación entre las distintas mesas sectoriales de la Función Pública andaluza. Este porcentaje es mayor que el de sindicatos como CCOO o UGT, que cuentan con un 14 por ciento cada uno.

Por este motivo, Satse ha lamentado la actitud de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y de los máximos responsables de los sindicatos de clase que "pretenden obviar la representación real de los profesionales de la Junta de Andalucía elegida libremente en las urnas". Para este sindicato, "dicha actuación antidemocrática responde a un claro intento de negociar sólo con los sindicatos menos críticos los recortes a los empleados públicos".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería advierte de que "cualquier acuerdo o pacto que se firme o que se trate en estas mesas como paso previo a la aprobación de una norma que afecte a las condiciones laborales de los empleados públicos, serán nulos si no se constituye la mesa con los miembros que legítimamente corresponde".

Por eso, Satse asegura que adoptará todas las medidas necesarias, tanto de protesta como de carácter judicial, si la Administración andaluza persiste en continuar negando su presencia en los foros de negociación.