SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha considerado este miércoles la actuación de IULV-CA "bastante razonable y responsable" en relación al plan de reequilibrio económico-financiero 2012-2014, que con toda probabilidad será convalidado esta tarde en el Parlamento, ya que "no aprobarlo supone traer muchos más problemas para Andalucía", es más "lo que puede venir es aún más duro".
En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Aguayo ha señalado que si se incumple el objetivo del déficit del 1,5 en Andalucía, "se cierra la posibilidad de crédito, de obtener financiación del Estado y lo que puede venir es una situación peor", y de ahí la importancia del plan de ajuste.
En este sentido, la consejera ha mostrado un "profundo desacuerdo" en que el Estado someta a las Comunidades al cumplimiento del 1,5 de déficit, cifra que "condiciona de tal manera nuestro gasto". No obstante, ha garantizado que la Junta está "radicalmente comprometida" con el cumplimiento, ya que de él depende el crédito del país, de la comunidad o el pago a los proveedores, "una importante cantidad de dinero que puede aliviar la situación y romper el círculo vicioso".
Preguntada sobre si no hay otras vías para cumplir el déficit, Aguayo ha apuntado que "se ha metido mano a todas las partidas del Presupuesto", además del capítulo 1 de personal. En este sentido, ha indicado que se ha reducido un 15 por ciento en los alquileres, los gastos de representación y protocolo han desaparecido y se han adelgazado estructuras. Si bien, ha pedido "un poquito de cuidado" cuando se habla de reducir el capítulo 2, donde se encuentran los pagos a personas que hacen publicaciones, notificaciones o suministro de cualquier bien, pues "estas empresas también tienen trabajadores".
En este sentido, la consejera ha explicado que la partida que va a personal está ligada a "un hecho objetivo": a los trabajadores se les incrementa el horario, lo que produce un conjunto de horas que crea menos necesidad de contratación y hay dos caminos para abordarlo, despedir o, "la opción de la Junta", repartir el trabajo y minimizar el impacto de despidos de trabajadores.
Si bien, ha reconocido que "va a haber problemas" porque en "los recortes que el Estado ha impuesto" hay una partida de recortes de 619 millones, de los cuales 20 millones son menos para guarderías, otra para reducir la medida de la TIC 2.20, menos de 300 millones para reducir las políticas de empleo. "Son medidas que están financiadas desde Madrid que dejan de tener financiación, dígame ¿cómo mantenemos el empleo?", ha cuestionado.
Preguntada sobre si los empleados públicos que verán aumentada su jornada laboral tendrán realmente trabajo para esas horas, la consejera ha señalado que "desde el conjunto de los trabajadores, la Administración andaluza no es una administración pública sobredimensionada". Ahora bien, ha explicado que si se incrementa la jornada más tiempo y no se despide, "nos quedamos con un cantidad de personal que podría ser innecesario", pero "si podemos mantenerlos es importante para la recuperación económica".
"Una persona desempleada es una persona menos que aporta al IRPF, es menos consumo, retrotraen decisiones vitales y eso tiene relación con la demanda y el consumo", ha señalado.
Asimismo, preguntada sobre las declaraciones del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, en las que afirmaba que sobraban empresas públicas, la consejera ha llamado la atención sobre "la leyenda" que hay creada en torno a este asunto y ha preguntado sobre "si sobra, por ejemplo, el Hospital de la Costa del Sol, o Egmasa, donde se encuentra el Infoca, o IDEA y sus políticas de promoción económica".
JUNTA NO HA DEJADO DE PAGAR LAS NÓMINAS
En cuanto a la situación de la liquidez de la Junta de Andalucía, la consejera ha señalado que la Comunidad tiene "problemas como todas las Comunidades" y "máxime cuando desde el Gobierno se han sembrado, desde el minuto uno, dudas sobre la solvencia de Andalucía". Además, ha indicado que las diferentes medidas del Gobierno "no facilitan que las Comunidades acudan al mercado de la deuda". "Cada día es más difícil y tenemos problemas para acudir el mercado de deuda como todas las Comunidades", ha subrayado.
Sin embargo, ha afirmado que la Junta no ha dejado de pagar las nóminas o a las farmacias, entre otros pagos de servicios y personal que "no se han dejado de pagar". "Se demoran los plazos y el equilibrio es ciertamente inestable porque hay que acomodar el ritmo de pagos a ingresos, pero no se ha dejado de pagar", ha señalado.
Por último, preguntada sobre la posible disminución de las aportaciones a las ONG, la consejera ha mostrado su "altísima opinión" sobre estas organizaciones y ha señalado que "en la medida de las posibilidades se mantendrán", pero ha reconocido que no puede dar "al cien por cien seguridad" porque "el ajuste al que nos someten es muy intenso". Frente a esto, ha garantizado que las partidas que tienen que ver con el salario social están en los Presupuestos de la Junta "con carácter ampliable y nunca se han limitado".