Alaya acuerda que un forense examine a Ruiz-Mateos para determinar si puede declarar

La juez suspende la comparecencia de los peritos de la Intervención que estaba prevista para el próximo 1 de abril

   SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha librado un exhorto al juzgado decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a fin de que, a la vista del informe médico aportado, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos sea reconocido por un médico forense "para que informe si el mismo puede comparecer" en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a fin de recibirle declaración como imputado "atendidas sus condiciones físicas y cognitivas".

   En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya toma esta decisión después de que el abogado de Ruiz-Mateos, Marcos García-Montes, haya elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que su cliente "sufre graves problemas físicos y de salud que le imposibilitan desplazarse" a Sevilla, por lo que pide que se le tome declaración en los juzgados de Pozuelo de Alarcón "al ser el mismo el más cercano a su lugar de residencia".

   En este sentido, el abogado aporta un informe médico del Hospital Beata María Ana según el cual Ruiz-Mateos, de 81 años de edad, sufre parkinson desde hace 13 años con una evolución "complicada" y "fluctuaciones motoras y deterioro cognitivo", habiéndose observado "un empeoramiento motor en las últimas semanas, con mayor dificultad para caminar", a lo que se suma que "han aumentado los olvidos, sobre todo los nombres".

   En el mismo auto, la juez Alaya acuerda también suspender "por ahora" la comparecencia prevista inicialmente para el próximo 1 de abril a fin de que los peritos de la Intervención General del Estado ratificaran su informe, atendiendo de este modo la petición realizada por escrito por el director del equipo pericial designado, que alega que "no es posible" que los trabajos ordenados sobre la Cámara de Cuentas y la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "estén finalizados con anterioridad a esa fecha".

   En su escrito, el interventor precisa que, "al día de la fecha, y en relación con la documentación que este equipo habría de recibir, tan sólo ha llegado la documentación entregada" al Juzgado por la Intervención General de la Junta, por lo que "está pendiente de recepción el resto de la documentación que en dichos autos fue demandada por su señoría".

   Añade que "la documentación relativa a diez años, recibida en soporte digital" de la Intervención General de la Junta, "pudiera superar los 80.000 folios", mientras que "la selección sobre ella elaborada por el referido órgano pudiera situarse en el entorno de los 25.000 folios". "Adicionalmente, cuando se reciba la documentación que fue demandada a la Cámara de Cuentas, supuestamente con similar tamaño, será preciso el cotejo de ambas", puntualiza.

   Asimismo, el perito explica a la magistrada que "no se ha recibido documentación relacionada con el Parlamento de Andalucía", por lo que "en la medida que los informes ordenados sobre los dos asuntos antes mencionados pudieran guardar relación con la ratificación prevista" para el 1 de abril, "me considero en la obligación de poner en conocimiento de su señoría que no es posible que ambos trabajos estén finalizados con anterioridad a esa fecha".

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN RELATIVA A IDEA

   Por último, estima la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y pide a la firma auditora PricewaterhouseCoopers una serie de documentación adicional a la ya solicitada por auto de 13 de marzo en relación a los informes de auditoría de IDEA desde el año 2000.

   Así, la juez le reclama los "papeles de trabajo relativos a cualquier operación que afecte al patrimonio o a la situación financiera de IDEA derivada de los pagos efectuados por ésta por cuenta de la Dirección General de Trabajo" y "los papeles de trabajo e informes elaborados sobre control interno de IDEA".

   También pide directamente a IDEA los informes elaborados por los servicios jurídicos y la Unidad de Control Interno de la agencia "en relación a cualquier operación que afecte al patrimonio o a la situación financiera de la agencia, derivada de los pagos efectuados por ésta por cuenta de la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo".

   La juez dice que, "una vez recibida la documentación relatada, se dará traslado" de la misma al equipo pericial de la Intervención General del Estado.