Alaya cita este martes al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por el ERE de Altadis

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares proseguirá este martes la nueva ronda de declaraciones con la comparecencia del exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, al que ha imputado por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar este martes día 15 de julio tanto a Fernández Sevilla como a su compañera de sindicato Blanca Uruñuela como firmantes en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis.

Por el ERE de Altadis también están imputados Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla; el también sindicalista de CCOO Antonio Perianes, y José Luis Relea, exdirector de Recursos Humanos de Altadis, jubilado hace ahora siete años.

La juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que "de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción", entre ellos el de Altadis, "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".

La juez relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla" que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".

"Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

"CHEQUE EN BLANCO CONTRA LOS FONDOS ANDALUCES"

Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 "por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas" del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.

Este convenio de colaboración "no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta", de manera que "del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones".

La juez también tomará declaración este martes, en relación a las ayudas recibidas por Dhul, a Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, sexto hijo del empresario José María Ruiz-Mateos imputado en la causa, y a Álvaro Mollinedo Gómez como responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente.

Igualmente, y en relación a las mercantiles Cespa y FCC, Alaya ha citado este martes a Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), y a Juana Mancilla, "como personas que participarían activamente en facilitar los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo a las referidas empresas".