Alaya cree que Lanzas recibió sobres 'en B' como pago por el ERE del Hotel Cervantes, del grupo Nueva Rumasa

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, considera que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, en prisión por este caso, recibió sobres con pagos en 'B' tras "comprometerse" con dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, a la administración autonómica financiase las prejubilaciones de un ERE en el Hotel Cervantes, propiedad del Grupo Nuevo Rumasa.

Así lo asegura la magistrada en un auto dictado el pasado 31 de julio, difundido este viernes por el PP-A, en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, entre los que figuran Javier y Pablo Ruiz Mateos, hijos del empresario jerezano, junto a varios 'intrusos' y directivos de las empresas Intesur, Saldauto, SOS Cuétara, Cespa y Matadero de Fuenteovejuna.

Alaya también señala en el auto, consultado por Europa Press, a personas vinculadas a las ayudas recibidas por la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), de Jaén; Hitemasa, de Málaga; Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec); Cenforpre, vinculada al exfutbolista Pizo Gómez --también imputado en la causa--, o la empresa granadina Dhul, relacionada con el grupo empresarial Nueva Rumasa.

En el caso del ERE del Hotel Cervantes, la juez sostiene que, a partir de su adquisición por el Grupo Nueva Rumasa en el año 2003, "desde el primer momento se planteó la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales", para lo que "Javier y Pablo Ruiz Mateos contactaron con Juan Lanzas, el cual se comprometió a la financiación de las prejubiliaciones del referido ERE por parte de la Junta de Andalucía mediante el abono de una tarifa de 100 millones de pesetas --en torno a 600.000 euros-- por cada ERE".

EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN HOTELERA DE NUEVA RUMASA HACÍA LOS PAGOS

"Todos los pagos a Juan Lanzas se hicieron en 'B' en sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros", prosigue el auto de Alaya, que sostiene que los sobres "los retiraba personalmente el señor Lanzas o su compañera", mientras que "Carlos Miranda Bacciarini, director de la Dirección Hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador mancomunado de la empresa Europa Center, estaría al tanto de todas las irregularidades que se habrían cometido y además que era quién presuntamente efectuaba el pago directamente a Juan Lanzas". Según la magistrada, "con independencia de la ayuda comprometida, la efectivamente abonada ascendería a la suma de 5,92 millones de euros".

Junto a ello, Alaya asegura que en el ERE del Hotel Cervantes se incluyeron como beneficiarios dos personas "ajenas" a la entidad, José Antonio Cuevas Álvarez y Claudio Andrés Sendino García, que fueron contratados en Europa Center "muy poco tiempo antes de la firma de la póliza de prejubilación" tras haber trabajado en Autos Marbesol y Viajes Marbesol, entidades "pertenecientes al Grupo Rumasa". Todos los implicados figuran entre los últimos 23 imputados por este auto, que eleva a 116 el número total en la causa

LANZAS Y LOS RUIZ MATEOS

Cabe recordar ya en un auto emitido el pasado 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión del 'conseguidor' Juan Lanzas, figura clave en la trama a cuenta de su presunto papel como mediador en la preparación de los ERE, algunos de los cuales ni siquiera habían sido ideados por las propias empresas, la juez Alaya desgranaba el papel de Juan Lanzas en la negociación y promoción de ERE como los consumados en las empresas Matadero de Fuenteobejuna o Surcolor, el primero de ellos con sobrecomisiones de hasta el 29 por ciento.

Pero analiza especialmente el ERE acordado en Comercial Alimentaria 'Dhul', en el que Lanzas había amarrado, según la juez, la financiación autonómica de la reestructuración laboral. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una "comisión del 19 por ciento" y la inclusión en este ERE de tres 'intrusos'; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos "cuñados" del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las "relaciones" entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos", porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un "conseguidor de financiación pública y negocios de interés".

Así, explicaba la juez en aquel auto que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, "cobrando supuestamente" tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero "en la casa de los señores Ruiz Mateos".

ANTECEDENTES

La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos ERE carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Para la juez, "la clave" del aprovechamiento ilícito "son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente". Las sobrecomisiones, según la juez, constituían "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables".

En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; o el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez.