Alaya impone una fianza civil de 593.306,96 euros a un dirigente de CCOO por el ERE de Calderinox

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, por el ERE de Calderinox donde fueron incluidos dos 'intrusos'.

En un auto, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya determina que el imputado deberá responder de la cantidad fijada de manera solidaria junto al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y declara responsable civil subsidiario a la Federación de Industria de CCOO.

La magistrada destaca que, de las investigaciones realizadas, "consta la participación activa" de Caravaca en la concesión de las ayudas del ERE de Calderinox, ya que "sería partícipe a través de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de aplicación de ayudas sociolaborales" a los trabajadores de Calderinox.

Estas medidas consistían, por una parte, en una percepción económica debido a que se adeudaban nóminas, y, por otra, en un plan de jubilación para los trabajadores de mayor edad.

Según la juez, dichos compromisos "fueron adquiridos" por el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, mientras que el dirigente de CCOO imputado habría insistido al sucesor en el cargo de Guerrero, Juan Márquez, para que las ayudas sociolaborales prometidas se ejecutaran.

Así, el 6 de marzo de 2008 se formalizó el convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo e IDEA por el que se formaliza el otorgamiento de ayuda a los extrabajadores de Calderinox y encomienda a la agencia IDEA la gestión del abono de una subvención de concesión directa a la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A de 432.728,71 euros.

Finalmente, y según indica la juez, a la ayuda a favor de nueve extrabajadores de Calderinox "se añadieron dos suplementos para incluir a dos 'intrusos'", como son Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, los cuales "nunca habían trabajado" en la empresa, aseverando que "la inclusión de tales 'intrusos' en la póliza era perfectamente conocida" por el imputado.

La inclusión de ambos 'intrusos' supuso un coste de 208.901,81 euros, dice la instructora, que destaca que, en el caso de Rodríguez Cordobés, su inclusión se produjo gracias a la "activa participación" de Rivas y del exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.

El imputado "fue conocedor y participó en las negociaciones referentes a la ayuda excepcional y a la ayuda sociolaboral concedidas a esta empresas, que fueron tramitadas y concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", concluye Alaya.