Alaya incorpora a la causa los trabajos "íntegros" de la comisión de investigación del Parlamento

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha acordado incorporar a la causa los trabajos "íntegros" de la comisión de investigación celebrada en el verano de 2012 en el Parlamento andaluz sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2001 y 2010.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya relata que, en virtud de oficio de fecha 11 de noviembre de 2013, por el secretario general de esta institución se remitió al Juzgado la "Propuesta de la Presidencia (Ponencia Síntesis) de la comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía sobre las Ayudas Sociolaborales...".

A ello se suma que, "en el curso de las diligencias que se vienen practicando, se ha aludido en varias ocasiones a las declaraciones efectuadas ante la Comisión de Investigación, o incluso se han señalado particulares para incluir en las piezas para resolución de recursos" por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según la magistrada, "el propio oficio refiere que la Propuesta no ha sido aprobada, por lo que se hace necesario incorporar a las actuaciones los trabajos íntegros de la Comisión Parlamentaria, los cuales se encuentran relatados en el oficio remisorio y publicados" en la página web del Parlamento.

LA PONENCIA SÍNTESIS

La juez añade que, con dichos trabajos, se formará el correspondiente anexo documental y se dará el oportuno traslado a las partes personadas en el procedimiento.

Hay que recordar que la ponencia "síntesis" elaborada por el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IULV-CA), a partir de las "aportaciones coincidentes" de los tres grupos de la Cámara en sus propuestas de dictamen, que no fue aprobada por falta de acuerdo entre los partidos, situó la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en línea con las conclusiones de IULV-CA.

En el auto, la juez acuerda dar traslado a las partes de la documentación recibida por parte de la entidad Pricewaterhouse y aplaza al día 5 de junio la declaración de Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, que comparecerá ante la juez el mismo día que está citado el presidente de Unicaja, Braulio Medel, entre otros imputados.

DOCUMENTACIÓN BANCARIA

Asimismo, pone a disposición de las partes, para su examen, la "voluminosa" documentación bancaria que fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y que ha sido entregada por la Guardia Civil en tres cajas.

En este sentido, la Guardia Civil explica en un oficio remitido al Juzgado que "una de las líneas de actuación" en la que vienen trabajando "ha sido el estudio de la información bancaria relacionada con diversas personas físicas y jurídicas que estaban siendo objeto de investigación", señalando que "el propio devenir de ésta hizo necesaria la solicitud de numerosos productos financieros, con el objeto de esclarecer los movimientos y el uso dado a los fondos públicos que se concedieron mediante las diferentes ayudas otorgadas por la Junta".

"La ingente cantidad de información solicitada ha hecho que el goteo de ésta haya sido continuo, habiéndose recibido hasta el día de hoy, al menos, toda la información relativa a los productos bancarios individualizados para las diferentes personas físicas y jurídicas de cada uno de estos mandamientos", indica la Guardia Civil.

VITALIA

Al hilo, anuncia que, gracias al estudio realizado sobre la mediadora Vitalia, "se vislumbró su participación en un gran número de procesos culminados con la formalización de pólizas de rentas colectivas financiadas en su mayor parte por la Junta, la cual percibió por ello comisiones muy superiores a la media del mercado", añadiendo que "los indicios obtenidos permitieron conocer que Vitalia se encontraba estrechamente relacionada con la entidad bancaria Eurobank del Mediterráneo, a través de sus administradores Eduardo Pascual y María Vaqué".

En base a ello, "se consideró necesario recabar una serie de datos de movimientos bancarios de Eurobank", motivo por el que se solicitó a la asesoría jurídica del Banco de España cuantos datos obrasen en su poder, dado que esta entidad había sido intervenida por el Banco de España el 29 de julio de 2013.

No obstante, el Banco de España respondió explicando que no podía informar de los productos solicitados ya que no obraban en su poder, por lo que la Guardia Civil solicitó la entrada y registro en el despacho profesional en Manresa (Barcelona) de Rosa María Cornet, liquidadora de Eurobank, intervención durante la cual se intervino la referida información, que ahora remite al Juzgado.