Alaya, tras la orden de la Audiencia, reclama a la Guardia Civil la entrega "inmediata" de 13 declaraciones

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha cumplido con la orden que le dio la Audiencia Provincial de Sevilla y ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrega "inmediata" de las declaraciones tomadas a 13 personas entre exaltos cargos y trabajadores de la Junta de Andalucía y, en concreto, de IFA/IDEA.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya pone de manifiesto que, "en cumplimiento de lo acordado por la Audiencia Provincial" en dos autos dictados el pasado 27 de junio, "requiérase a la UCO de la Guardia Civil para la entrega inmediata de la totalidad de las declaraciones que obren en su poder", y en concreto de las 13 aludidas.

Hay que recordar que la Sección Séptima de la Audiencia dictó el pasado 27 de junio dos autos en los que ordenaba incorporar a la causa dichas declaraciones, aunque en unos de ellos parecía culpar a la propia juez de no haber facilitado las mismas a las partes y en el segundo auto criticaba a la Guardia Civil por "sustraer" a la magistrada el conocimiento de dichas declaraciones.

En el primer auto, la Sección Séptima estimaba el recurso interpuesto por los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano y criticaba que "no traer al proceso esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en resolución judicial no dejada sin efecto, no sólo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes, al no estar declaradas secretas las diligencias, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados".

Ese mismo día, la misma Sala de la Audiencia dictó un segundo auto, consultado por Europa Press, en el que resuelve un recurso similar planteado por los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela aunque dirige su crítica contra la Guardia Civil y asevera que "sustraer a la instructora el conocimiento de esas declaraciones no solo incumple los principios de dependencia y subordinación de la Policía Judicial a jueces y fiscales en la investigación de delitos, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados por la propia magistrada".

Se trata de la única diferencia entre los dos autos, que en ambos casos ordena a la juez Alaya que requiera a la Guardia Civil para que haga entrega de forma "inmediata" de las declaraciones tomadas a estos 13 personas entre exaltos cargos y trabajadores de la Junta de Andalucía, las cuales "se incorporarán, si aún no lo han sido, de inmediato a las presentes diligencias previas".

En concreto, se trata de las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil por los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; por el expresidente del IFA Salvador Durban; por Plácido Domingo Estévez, exjefe de la asesoría jurídica y exsecretario general del IFA; por los exsecretarios generales de IFA/IDEA Francisco José Oyonarte, Miguel Lucena y Antonio Lara; el exdirector de las empresas participadas del IFA Juan Carlos Ollero, o por los propios Pablo Millán y Juan Vela.

"CONTRADICCIÓN" DE ALAYA

En sendos autos, el tribunal expresa su "extrañeza" por la "contradicción" en la que "ha incurrido" la magistrada, ya que en la parte dispositiva de un auto dictado el 7 de noviembre de 2013 "ordenaba que se remitieran por la UCO las declaraciones prestadas en esa Unidad de Policía Judicial, conforme a la relación que esta última realizó, mientras que en el auto que se recurre de 7 de febrero de 2014 justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas 15 declaraciones".

Todo ello, según la Audiencia, "bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012" en torno a la agencia IDEA.

Al hilo de ello, explica que en esta causa "tan prolija" se investiga entre otros extremos la comisión de posibles delitos cometidos por altos cargos de la Junta y de IFA/IDEA, "estando ya imputadas personas que han tenido cargos de relevante responsabilidad política y administrativa por su posible participación en dichos delitos".

"En consecuencia, el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudieran ser de sumo interés para las defensas de los imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones no incorporadas a las presentes diligencias previas pudieran pesar sobre los ya imputados", razona la Audiencia.

SISTEMA "INQUISITORIAL"

A su juicio, "la falta de incorporación de esas reiteradas declaraciones puede conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciando" conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los cuatro exaltos cargos recurrentes reclamaron a la juez Mercedes Alaya la entrega a las partes personadas de todas las declaraciones que se hayan producido ante la Guardia Civil, pues entienden que "la realización de la instrucción a espaldas de las partes resulta más propia de un sistema inquisitorial, que deberíamos suponer erradicado".