Aplazado a diciembre uno de los juicios por presunto cohecho y prevaricación en los contratos a Fitonovo

Archivo - Una de las sesiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Sevilla en torno a los contratos con Fitonovo
Archivo - Una de las sesiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Sevilla en torno a los contratos con Fitonovo - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: martes, 2 noviembre 2021 10:04

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado al próximo 22 de diciembre el comienzo del juicio inicialmente fijado para este martes, con relación a una de las siete piezas en las que se divide la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, sesión esta en la que figuran como testigos el exalcalde popular de Sevilla y exministro de Interior Juan Ignacio Zoido; el exconcejal hispalense de Economía y exdirector de la DGT Gregorio Serrano o el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

En un auto fechado el pasado mes de febrero, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijaba para los días 2, 3 y 4 de noviembre de este año el comienzo de la vista oral, que gira en torno a presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos mercantiles, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación continuada y fraude contra las Administraciones Públicas; si bien fuentes del caso han informado a Europa Press de que el comienzo de la vista ha sido aplazado al día 22 de diciembre.

De cara a este juicio, como se informó en su momento, la Audiencia Nacional accedió a la petición del empresario creador de Fitonovo primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo, representado por el abogado Miguel Salas; para que prestasen declaración como testigos Juan Ignacio Zoido, Gregorio Serrano o Rodrigo Torrijos.

En su escrito de peticiones, formalizado en marzo de 2019, la defensa de González Palomo avisaba de "las irregularidades de la instrucción y su afectación a la nulidad de la prueba obtenida", pues "ninguno" de los dos atestados policiales y los dos autos emitidos en junio y julio de 2012 por la juez Mercedes Alaya como entonces titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que constituyen "el germen" de la actual causa, habrían sido incorporados a la misma.

"Sin dichos esenciales documentos, es absolutamente imposible desarrollar en este momento procesal una exposición tan detallada como se quisiera de los elementos que justificarían el calificativo de investigación universal y prospectiva, y por ende nula", señalaba el abogado defensor.

LAS COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN

En paralelo, exponía que el Juzgado de Instrucción número seis "desarrolló una investigación universal y prospectiva, auto atribuyéndose competencias para la investigación de delitos de las que carecía, lo que originó que de 2009 a 2016 se aperturaran en dicho Juzgado una serie de diligencias previas de notoria relevancia pública", dando lugar a una serie de "casos mediáticos, todos ellos sorprendentemente tramitados siempre por el mismo juzgado, aunque tuvieran tan notoria falta de conexidad".

"Todo ello genera una vulneración del derecho al Juez predeterminado que rebasa la mera irregularidad de una norma de reparto de asuntos", exponía la defensa de González Palomo, apreciando "vulneraciones de derechos fundamentales", como el de defensa, por una investigación "arbitraria" al estar "dirigida a determinadas personas, entidades o estamentos en detrimento de otras, de forma ilógica e injustificada".

"El nacimiento de esta investigación se produjo de forma vulneradora de los derechos fundamentales del defendido, originándose una investigación inicialmente universal y prospectiva, sobre la base de hechos notoriamente prescritos, en el seno de otras diligencias previas", resumía la defensa de González Palomo, considerando nulas las diligencias acometidas entre junio de 2012 y julio de 2013 con relación a estas causa.

Subsidiariamente, indicaba que González Palomo fue "máximo representante" de Fitonovo hasta febrero de 2007, cuando por motivos de salud hubo de comenzar a someterse a un "tratamiento agresivo", reduciendo su intervención en la empresa hasta "desaparecer del todo de la misma a inicios de 2010". Por eso, "no se ajusta a la realidad y es incongruente con el propio sumario hacer una exposición lineal de hechos atribuibles" a González Palomo, "tomando como punto de partida el de 1999 y de conclusión el de 2013, o incluso 2014".

SIN "ENRIQUECIMIENTO" ALGUNO

Además, la defensa alegaba que González Palomo no ha cosechado "enriquecimiento alguno" y "ninguna referencia existe en las actuaciones a un hipotético beneficio personal", sin que pese "la más mínima referencia a irregularidades, ilegalidades, dobles contabilidades o rastro de las conclusiones a las que algunos agentes de la Guardia Civil incluyen en sus informes", por lo que no procede "pena alguna" en su contra.

De cualquier modo, la defensa de González Palomo proponía en este escrito toda una serie de pruebas, figurando entre las testificales que declarasen como tal diversos acusados en otras piezas de la macrocausa, como es el caso de los exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (otrora primer teniente de alcalde) y José Manuel García, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y funcionarios municipales como el exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores.

También proponía que testificasen el exalcalde popular de Sevilla Juan Ignacio Zoido y quien fuera su concejal de Economía, Gregorio Serrano (ninguno de ellos investigado en ninguna pieza), por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo y "las gestiones encaminadas a construir un parque infantil en dependencias de la III Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, efectuadas por Fitonovo por petición" de Gregorio Serrano.

PETICIÓN DE TESTIFICALES ADMITIDA

Con este escrito sobre la mesa, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitía un auto admitiendo "la totalidad de las pruebas" pedidas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como "la totalidad de las testificales" propuestas por las defensas.

No obstante, "respecto de las personas acusadas en otras piezas, su declaración se limitará a los hechos objeto de enjuiciamiento en la pieza principal, no en los imputados en las respectivas piezas separadas, y teniendo en consideración su condición de coimputados, con los efectos procesales inherentes a tal situación", siendo admitidas igualmente las documentales solicitadas por la defensa de González Palomo respecto a los atestados y autos "germen" de la investigación.

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