La Asociación Anticorrupción y de Transparencia estudia recurrir la sentencia del exempleado de UGT-A Roberto Macías

Avisa de "las graves represalias" que sufren quienes deciden denunciar los casos de corrupción

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), presidida por el abogado Francisco José Sánchez Del Águila Ramón, ha anunciado este miércoles que estudia recurrir la nueva sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha reducido de dos años a uno solo, la pena de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos impuesta por el Juzgado de lo Penal número 15 al extrabajador de UGT Andalucía acusado de filtrar a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama de las presuntas "facturas simuladas", al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas.

Según la asociación, "el proceso legislativo para la protección de personas alertadoras de corrupción lleva años estancado en el Congreso de los Diputados y es posible que siga dilatándose".

La asociación, así, sopesa "las posibilidades de recurso contra esta sentencia, así como todas aquellas acciones legales necesarias que aporten luz y demuestren que la actuación de los fiscales y tribunales sevillanos, así como de la acusación particular de la UGT, son contrarias al derecho de la UE y constituyen una represalia grosera contra Roberto Macías".

En esta sentencia de fecha 24 de noviembre, la Sección Séptima de la Audiencia, con un tribunal del que forma parte la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos públicos; aborda los recursos de apelación interpuestos por el citado exempleado y UGT-A, contra la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, que condenó a dos años de prisión a dicho trabajador por delito de revelación de secretos al filtrar a los medios de comunicación, pero no a las autoridades policiales o judiciales, "información reservada y sensible" de la trama de las presuntas "facturas simuladas" del sindicato, por la que el Juzgado de Instrucción número nueve ha incoado juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical.

En ese sentido, la Audiencia desestima el recurso de apelación de UGT-A, como acusación particular, y estima parcialmente el del acusado, revocando la condena inicial "en el solo sentido de apreciar la atenuante de dilaciones indebidas en esta alzada, reduciendo la pena impuesta a un año de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena".

Y es que el tribunal constata "que la causa tuvo entrada en esta sección de la Audiencia en fecha de 23 de noviembre de 2020, produciéndose un cambio de ponencia en fecha de 19 de octubre de 2022 y no habiendo recaído sentencia en esta instancia hasta el día de la fecha, sin que en el ínterin se hubieran practicado otras actuaciones, lo que exige la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas en esta alzada".

"Ello da lugar a que, bien apreciando dos atenuantes de dilaciones indebidas, bien una sola, con el carácter de cualificada, sea obligada la rebaja de la pena en un grado, pena que pasamos a imponer en la mínima extensión al no haber razones que justifiquen su aplicación en una extensión superior, en particular, cuando la sentencia de instancia puso la pena en el límite mínimo", indica.

La Asociación Alianza Contra la Corrupción, en la que Francisco José Sánchez Del Águila Ramón figura como abogado, denuncia al respecto que "resulta incomprensible que tengamos que esperar la transposición de la Directiva (europea) al ordenamiento jurídico nacional, para detener las graves represalias que venimos sufriendo desde hace años todos los ciudadanos españoles que en su día decidimos dar un paso al frente y de informar/denunciar y poner ante la justicia española, cientos de graves casos de corrupción política, económica, sindical, urbanística, ambiental, etc".

"El proceso legislativo para la protección de personas alertadoras de corrupción lleva años estancado en el Congreso de los Diputados y es posible que siga dilatándose en el tiempo. Reclamamos a nuestros legisladores que prioricen la transposición de la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informan actos de corrupción, y lo hagan respetando el espíritu que embuye la nueva concepción de transparencia y honorabilidad que debe presidir las relaciones dentro de todos los poderes y administraciones".

"De forma contradictoria, los tribunales nacionales se oponen a la aplicación del Derecho de la Unión, y no cualquier normativa. Se resisten a aceptar una nueva concepción jurídica que emana del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea", avisa la entidad.