KSAC Europe y la plataforma de subastas Procudata.com instan a recurrir a dicho mecanismo estatal que implica un plan de ajuste
SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fondo KSAC Europe Investments y la responsable de la plataforma de subastas Procudata.com, Teresa Ramos, han advertido este martes de que el Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), gobernado por el popular Domingo Delgado, podría llegar a afrontar embargos de bienes municipales ahora valorados en unos "54 millones" de euros; si no recurre al Fondo de Ordenación de Entidades Locales para que el Estado pague en su lugar la deuda de 27 millones que se le reclama fruto de quiebra de la sociedad Burguillos Natural, mecanismo que llevaría aparejado un plan de ajuste en el Consistorio.
Todo parte de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla estimatoria de la demanda de la administración concursal de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, una resolución que condena al Ayuntamiento de la localidad, como socio principal de dicha entidad pública al poseer el 993 por ciento del accionariado, a "realizar las aportaciones al capital social" de la empresa concursada por importe de más de 13,58 millones de euros.
Dicha sentencia fue después confirmada por la Audiencia de Sevilla y ya en 2022, el Tribunal Supremo acordaba no admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Burguillos contra la sentencia de la instancia provincial ratificatoria de la condena.
A partir de ahí, la administración concursal de Burguillos Natural habría sacado a subasta dicha deuda de 13,58 millones de euros del Ayuntamiento de Burguillos en el marco del concurso de acreedores de su quebrada empresa municipal, una deuda adquirida por el fondo KSAC Europe Investments por unos siete millones de euros.
Dicho fondo, como exponen fuentes del mismo, ha solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla la ejecución por la vía de apremio de la mencionada sentencia condenatoria que pesa sobre el Ayuntamiento, reclamando que le sean satisfechos unos 27 millones de euros derivados del principal de 13,58 millones, intereses legales que elevan la suma inicial hasta unos 24 millones y la cuantía restante hasta 27 millones como "margen" del transcurso de los intereses hasta la solución del asunto.
A SUBASTA
La vía de apremio, en ese sentido, incluye el embargo y subasta de bienes hasta la plena satisfacción de los derechos reconocidos a la entidad ejecutante, en este caso KSAC Europe Investments.
Al respecto, el Gobierno local del popular Domingo Delgado, alcalde de Burguillos, avisaba meses atrás de que tal extremo podría saldarse con la intervención del "75 por ciento de los bienes públicos por valor de unos 37 millones de euros" que posee el Consistorio, condenado en la sentencia ya descrita.
Ante este escenario, el actual Gobierno local del PP, que goza de mayoría absoluta, ha aprobado en el pleno tanto las "acciones administrativas, civiles y penales" contra los que fuesen ediles del Gobierno local socialista de 2007 que formalizaron la colaboración del Ayuntamiento con la posteriormente quebrada empresa local Burguillos Natural, como una modificación presupuestaria de 2,5 millones de euros para comenzar a pagar la citada deuda de 27 millones que se le reclama.
Pero como coinciden fuentes de KSAC y Teresa Ramos, responsable de la plataforma de subastas Procudata.com, abonar esos 2,5 millones de euros del total de 27 millones reclamado al Ayuntamiento "no" paraliza de ninguna manera la ejecución de la sentencia condenatoria con los embargos necesarios hasta satisfacer la cuantía final de 27 millones. "El Ayuntamiento no puede ir pagando en cómodos plazos", aseguran.
SÓLO PESA EL VALOR DE ADJUDICACIÓN
Es más, ambas partes advierten de que en los mencionados embargos de bienes municipales, de los que estarían exentas las propiedades de plena titularidad municipal adscritas a una finalidad pública si se acredita tal extremo, para satisfacer la cuantía de 27 millones de euros pesarán los precios de adjudicación de tales bienes en las correspondientes subastas, con lo que sus precios de tasación o de mercado no computan a la hora de alcanzar la cifra de 27 millones de euros.
Es en este punto en el que Teresa Ramos avisa de que "la ejecución de bienes (municipales) no parará" hasta la plena satisfacción de los citados 27 millones de euros en favor de KSAC, mediante la subasta de propiedades del Ayuntamiento que por su valor de adjudicación, no de tasación ni de mercado, alcancen finalmente dicha cantidad.
LAS POSIBILIDADES DE EMBARGO
Es decir que cabe la posibilidad, según fuentes de KSAC y la responsable de Procudata.com, de que sea necesario el embargo de bienes municipales actualmente valorados por unos "54 millones de euros" para satisfacer la mencionada cuantía de 27 millones en favor del citado fondo, porque para ello lo que pesa es el precio de adjudicación de las propiedades. "Se seguirá embargando hasta llegar a los 27 millones de euros", enfatiza Teresa Ramos a Europa Press.
Es por ello que ambas partes instan al alcalde de Burguillos a que recurra al Fondo de Ordenación de las Entidades Locales, un mecanismo estatal de ayuda a ayuntamientos en riesgo financiero o que no se han podido refinanciar en condiciones de prudencia financiera; mediante el cual la Administración General del Estado acometería el pago de los 27 millones de euros.
Posteriormente, según tales fuentes, el Ayuntamiento habría de abonar dicha cuantía al Estado mediante fórmulas que incluyen plazos de hasta 12 años y la obligación de implantar un "plan de ajuste" en sus gastos e inversiones municipales, con el aviso de que el Gobierno local tiene a su alcance esta opción hasta el próximo 20 de septiembre. "El Ayuntamiento se olvidaría de los embargos", destaca KSAC.
El citado fondo considera además que el alcalde, que ha impulsado el mencionado acuerdo plenario de acciones legales contra los gobernantes locales socialistas de 2007 por esta situación, podría incurrir en posibles "responsabilidades penales" por "incumplir" la citada sentencia firme del Juzgado de lo Mercantil número uno y "poner en peligro" el patromonio municipal.