SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Después de que en febrero el pleno de la Diputación de Sevilla aprobase iniciar el procedimiento destinado a recuperar para la institución los terrenos de Bellavista cedidos por la misma en 1973 al Ayuntamiento hispalense, para la construcción del antiguo colegio Diego de Riaño, en desuso desde 2011, al haber expirado en 2023 el periodo de 50 años estipulado para la cesión de los suelos; el Consistorio ha formalizado la "extinción" de su "derecho real de superficie".
En concreto, la junta local de gobierno del Consistorio ha tomado conocimiento este pasado viernes de "la extinción del derecho real de superficie sobre el terreno del antiguo Colegio Público Diego de Riaño", dando "de baja" el mismo en el Inventario General de Bienes y Derechos.
El diputado provincial socialista de Régimen Interior Francisco José Toajas explicaba el pasado mes de febrero que fue en 1973 cuando la Diputación aprobó definitivamente ceder al Ayuntamiento hispalense una superficie de casi 11.000 metros cuadrados de sus suelos de Cortijo de Cuarto, en el barrio de Bellavista, para la construcción de edificios de uso educativo.
Pero aunque tal cesión de derechos de superficie no fue finalmente formalizada en escritura pública ni ante el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento hispalense levantó el colegio público Diego de Riaño, que estuvo en funcionamiento hasta el curso 1996/1997, cuando fue clausurado. Posteriormente, las instalaciones fueron aprovechadas por el instituto Bellavista, hasta el desalojo final de las mismas allá en 2011.
En ese sentido, el acuerdo abordado en febrero por el pleno de la Diputación precisaba que en abril de 2023 expiró el periodo de 50 años estipulado en la cesión de los citados terrenos donde fue construido el colegio Diego de Riaño y que en diciembre de ese año le fue comunicada al Consistorio la decisión de la Diputación de recuperar la finca.
Así, el acuerdo aprobado implicaba iniciar el procedimiento para la reversión de los citados terrenos en favor de la Diputación, incluyendo "la adquisición" del edificio construido en ellos, abriendo además un trámite de audiencia para que el Ayuntamiento hispalense formulase alegaciones.
Francisco José Toajas exponía que desde que expirase el citado plazo de 50 años de cesión de la finca, el Ayuntamiento no habría trasladado a la Diputación ninguna propuesta para seguir aprovechando los terrenos con "nuevos usos", toda vez que la Diputación, como dueña del suelo, sí tiene "propuestas de uso" en favor de la ciudadanía.