SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha iniciado un procedimiento administrativo para rescindir el contrato de las obras de la reforma integral del Centro Municipal San Fernando debido al "retraso injustificado y demora" por parte de la empresa adjudicataria Insae Infraestructura S.A., a hora de cumplir los trabajos en el plazo acordado por ambas partes.
Según el acuerdo adoptado el pasado viernes por la junta de gobierno del Consistorio sevillano y recogido por Europa Press, el contrato fue formalizado con fecha del 19 de diciembre de 2023 con un importe total de 1.549.038,78 euros, sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución de ocho meses desde el día siguiente a la firma del acta de inicio.
En este sentido, la Dirección Facultativa de la Obra, correspondiente a la empresa Modulor Soluciones Arquitectónicas S.L.P. emitió un informe el 26 de septiembre de este año, en el que plantea que "la obra se encuentra totalmente paralizada y abandonada desde al menos el 12 de julio, sin ningún operario trabajando en la misma con un retraso de cuatro meses".
LA TESIS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
La empresa alegaba de su lado que consta en acta de suspensión temporal de inicio del contrato suscrita por la Dirección facultativa de las obras, el contratista y el responsable del contrato con fecha del 19 de enero de 2024, ya que el edificio "se encontraba sin desalojar de mobiliario y enseres por parte del Ayuntamiento"; si bien la Dirección de obra propuso "desestimar las alegaciones formuladas, reiterando el informe de la Dirección facultativa.
Así, en la Junta de Gobierno celebrada el 27 de septiembre se acordó "desestimar la solicitud de paralización temporal de las obras y el retraso de la fecha de finalización de la obra que ello conlleva formulado por la empresa adjudicataria, que supera un tercio del plazo de duración inicial del contrato".
"RETRASO INJUSTIFICADO"
El Ayuntamiento ha resuelto así la rescisión del contrato debido al "retraso injustificado y demora" por parte de la empresa adjudicataria Insae Infraestructura. La medida implica además "la obligación de indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento del contrato".
En el acuerdo adoptado el pasado viernes por la junta local de gobierno figura que "constando oposición del contratista con los dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, procede solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, habiéndose emitido informes del Servicio de Edificios Municipales, de la Secretaría General y de la Intervención General".
También ha sido acordado, en consecuencia, "suspender el plazo para resolver el procedimiento de resolución del contrario, al solicitarse el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe; debiendo notificarse el plazo a los interesados".