SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La campaña iniciada por la asociación conservacionista WWF y dirigida al Gobierno de la nación para salvar el espacio natural de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, de las "graves" amenazas que se ciernen sobre ella ha recogido más de 29.600 firmas, según ha podido constatar Europa Press.
Con una misiva dirigida al presidente del país, Mariano Rajoy, el colectivo conservacionista insta a cerrar los más de 1.000 pozos ilegales que están "secando" el acuífero, así como a cancelar de forma "definitiva" el dragado de profundidad del Guadalquivir y a frenar los proyectos de gas y minería.
"La legislación nacional, las directivas europeas y los tratados internacionales deberían garantizar la protección de Doñana, pero las fincas y pozos ilegales, los proyectos de minería y gas y el dragado del Guadalquivir amenazan este espacio. Las autoridades españolas deberían aplicar las leyes para detener estas amenazas y mejorar la gestión", asegura WWF.
Según recuerdan los ecologistas, Doñana contribuye al bienestar de las 170.000 personas de la zona. Por eso, "cualquier amenaza para el humedal y el estuario ponen en riesgo muchos empleos locales; la pesca y el turismo ya se ven afectados. Hay que apostar por alternativas de desarrollo sostenible que sean buenas para la gente y la naturaleza".
Asimismo, inciden en que cientos de miles de aves descansan en Doñana en su viaje entre Europa y África, siendo este humedal "vital" para su supervivencia. "Patrimonio Mundial de la Unesco y espacio Red Natura 2000, Doñana es el hogar de especies amenazadas como el águila imperial o el lince ibérico. Si no se eliminan sus amenazas, Doñana podría entrar en la lista de Patrimonio Mundial en peligro", advierte la asociación.
A este respecto, WWF señala que este extremo podría darse si España no toma medidas antes del 1 de diciembre de este año. Este ultimátum llega después de que en junio de 2015 la Unesco alertara a España sobre las amenazas que suponían para Doñana la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la utilización del subsuelo del parque para el almacenamiento de gas natural, el uso de agua para regadío en las zonas colindantes y el dragado del río Guadalquivir.
Con respecto a este último punto, Unesco aplaudió en el documento la decisión del Tribunal Supremo de paralizar las obras e instaba al partido en el gobierno a crear un comité permanente para cancelar el proyecto y no permitir "ningún plan futuro" para excavar en el lecho Guadalquivir.