CCOO denuncia el "incunplimiento generalizado" del convenio colectivo del sector de restauración colectiva

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La unión provincial de CCOO de Sevilla ha celebrado este viernes una reunión en la que han participado tanto representantes sindicales como miembros de los cinco partidos con representación parlamentaria, para abordar los problemas de "incumplimiento" del convenio de restauración colectiva, que en Sevilla afecta a más de 4.000 trabajadores.

En el encuentro han estado presentes la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Pepa Cuaresma; la responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO-A, Carmen Ortiz; el delegado de CCOO de Sevilla del sector de colectividades Daniel Moreno; y el secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu.

Además han participado el responsable provincial de Empleo del PSOE de Sevilla, Manuel García; la responsable provincial de Empleo del PP de Sevilla, María Eugenia Romero; el responsable provincial de Movimientos Sociales de Podemos en Sevilla, Federico Noriega; el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Moraga; y el coordinador provincial de IU Sevilla, Manuel Lay.

Durante el encuentro, los responsables sindicales han trasladado a los representantes de los partidos políticos los "incumplimientos generalizados" del convenio colectivo de restauración colectiva firmado a nivel estatal hace poco más de un año.

Según CCOO, "la falta de control" por parte de las administraciones públicas a las empresas concesionarias de los servicios de restauración colectiva acaba generando conflictos como el de la huelga de los 32 comedores escolares de la provincia de Sevilla cedidos por la Junta a Aramark, tras ser rescindidos a Catering Brens por deficiencias en la prestación del servicio.

Durante la reunión, los representantes de CCOO han instado a los partidos políticos a abordar iniciativas en los diferentes ámbitos institucionales en los que participan para poner coto a la actuación fraudulenta de las empresas y garantizar la prestación de servicios públicos esenciales con calidad para los usuarios y usuarias y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.