SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las entidades que atienden a las personas con discapacidad en la provincia de Sevilla se han movilizado este jueves para reclamar una solución" a la grave situación que padecen su centros y servicios por la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia". Así, el Comité de Entidades Responsables de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía se han manifestado para "exigir una respuesta urgente a la Junta y al Gobierno central ante la situación límite que atraviesan".
Tal y como ha detallado Cermi en una nota, en la concentración se ha procedido a la lectura de un manifiesto subrayando "la necesidad de contar con una financiación más justa para los servicios y atención esenciales para las personas con discapacidad en la provincia con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a los gastos que tienen que soportar las entidades". En el manifiesto se pone de relieve también la importancia de "realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios".
Para ello, han propuesto "un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades".
Desde Cermi Andalucía, se ha puesto de manifiesto, la "situación de asfixia que atraviesan las entidades" con el actual modelo y han advertido que "actualmente los servicios que prestan están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real".
Para afrontar este problema, se ha solicitado la revisión al alza del coste plaza y "la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios". El Comité ha asegurado que "son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello".
Así, al Ejecutivo central le exigen que "elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios". Por su parte, al Gobierno andaluz han solicitado "un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona".
La organización ha recordado "la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos, y que sin estos servicios y atención que prestamos miles de personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan". El mundo de la discapacidad ha hecho un llamamiento "en busca de apoyo en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica".