El CGPJ concede el traslado a un juzgado de Dos Hermanas al juez de refuerzo de Alaya

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido el traslado a un juzgado de Dos Hermanas (Sevilla) a Rogelio Reyes, juez de adscripción territorial que fue nombrado hace cuatro meses para reforzar, ante la elevada carga de trabajo que presentaba, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que fue hace un mes cuando Rogelio Reyes solicitó el traslado y concursó a la plaza, tras lo que el CGPJ ha atendido su petición y le ha concedido la plaza de magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas.

Según las fuentes consultadas, el traslado que ya le ha sido concedido deberá ser ahora publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual Rogelio Reyes se podrá incorporar a su nuevo destino y se valorará el nombramiento de un nuevo juez que lo sustituya en Instrucción número 6.

Fue el pasado día 24 de enero cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, anunció la designación de Rogelio Reyes como nuevo magistrado de refuerzo por un periodo mínimo de seis meses para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde en ese momento prestaba sus servicios también la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra ante la baja por enfermedad de Alaya, que no se incorporó a su puesto de trabajo hasta el día 5 de marzo.

SUSTITUCIÓN INTERNA

Tras incorporarse de su baja por enfermedad, la magistrada Mercedes Alaya pidió quedarse con la instrucción de las cuatro 'macrocausas' así como con uno sólo de los jueces de refuerzo, lo que fue aceptado por el TSJA, quien atribuyó a Alaya la instrucción de los ERE fraudulentos, las causas relativas a supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa dirigida contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis.

No obstante, el Alto Tribunal andaluz recordó a la juez Alaya "la importancia" de que "no se dilate la instrucción de las causas que tiene asignadas, aún conscientes de su complejidad y extraordinaria dedicación, con el fin de que el proceso penal se ajuste a pautas temporales razonables y asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia", acordando que informara cada dos meses al TSJA sobre la medida de apoyo adoptada, a fin de "conocer su efectividad y si es bastante a los fines de la normalización perseguida en el referido órgano jurisdiccional, para, en su caso, proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otras medidas pertinentes".

Así, el Alto Tribunal andaluz acordó que permaneciera en el Juzgado de Alaya el propio Rogelio Reyes, destinando a Ana Rosa Curra al mismo juzgado donde ahora se traslada a Reyes, aunque posteriormente fue destinada en comisión de servicio a un juzgado de Primera Instancia de Sevilla.

LLAMADA DE ATENCIÓN DEL TSJA

El acuerdo del presidente del TSJA establecía que Rogelio Reyes se hiciera cargo, "con plena jurisdicción, del trámite y resolución de los asuntos ordinarios correspondientes a dicho Juzgado, incluidos singularmente todos los de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento", todo ello no obstante "sin perjuicio, además, de colaborar con la magistrada titular --Mercedes Alaya-- y ejercer funciones de sustitución interna".

La noticia del traslado de Rogelio Reyes coincide, asimismo, con el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA de este martes en el que mostró su "preocupación" por el "número de imputados" de la causa de los ERE a los que la juez Mercedes Alaya todavía no ha tomado declaración, una situación que "aconseja" que "se valore" la posibilidad de que el juez de refuerzo le "apoye" tanto en la instrucción del caso ERE como en el resto de 'macrocausas' que investiga.

Así, la Sala de Gobierno acordó "por unanimidad valorar positivamente la actuación del juez de refuerzo en relación a la llevanza ordinaria del Juzgado y tomar conocimiento de la información puntual remitida de las cuatro 'macrocausas' asignadas específicamente a la juez titular".

Al hilo de ello, la Sala de Gobierno "muestra su preocupación por el calendario y la prolongación temporal de algunas" de estas 'macrocausas', "así como con el número de imputados a los que no se ha tomado declaración hasta el momento, lo que aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas 'macrocausas'".

UNOS 70 IMPUTADOS

Hay que recordar que, en la causa de los ERE, hay alrededor de 70 personas imputadas, de las cuales muchas no han declarado aún ante la juez Alaya, entre ellos el dueño de Uniter, José González Mata, y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, cuyas comparecencias están pendientes desde el pasado mes de marzo a raíz de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil.

El presidente del TSJA se reunió el pasado 14 de mayo con la magistrada y el juez de refuerzo y, al término del encuentro, informó a los periodistas de que "le había insistido en que se pueden ayudar el uno al otro", pues ello lo permite una cláusula incluida en el acuerdo de la Sala de Gobierno, de manera que Rogelio Reyes "puede ayudar perfectamente" a Alaya en alguna de las 'macrocausas' y ésta "puede ayudar" al juez de refuerzo "en alguna de las causas del Juzgado".

En esa reunión, a juez Alaya se comprometió a "potenciar" y "agilizar" la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investiga con el objetivo de intentar concluir durante el presente año 2013, e incluso antes del verano, la instrucción de alguna de ellas, para lo cual está desarrollando "un esfuerzo enorme".

Así, Del Río valoró que todas estas causas "se están moviendo", pues "ya se están poniendo fechas a las declaraciones"; de hecho, al día siguiente se conoció que la magistrada había citado a declarar para el próximo mes de octubre, en relación al presunto delito societario, a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y a la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo.

La citación de Mellet, Ponce y Giraldo se produjo tres años después de que fueran imputados.