SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha procedido esta mañana de viernes a la adopción por segunda vez de medidas cautelares de precintado de los ocho pozos no autorizados de la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) y gestionada por la sociedad Eurotecnia Agraria.
En octubre de 2023, la empresa reaccionaba a la a investigación incoada entonces por el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor por una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma según el Ministerio Público, por los citados ocho pozos supuestamente ilegales en la finca Aljóbar; desligando a la aristócrata de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG".
En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo "es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar", defendiendo que Eugenia Martinez de Irujo "no ha participado nunca en la gestión de la explotación" agrícola de naranjos de dicha finca.
INSPECCIÓN CON EL SEPRONA
El nuevo precinto acometido en estos pozos por la CHG deriva, según el organismo de cuenca, de una inspección cursada por sus técnicos el pasado 11 de noviembre junto con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, constatando "que la tomas estaban en uso, sin control volumétrico y, además, en situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones".
"Dentro del proceso judicial, el juez determinó levantar el pasado mes de mayo el precinto de los pozos que se efectuó en octubre de 2023 también por orden judicial, al iniciar la empresa Eurotécnica Agraria que explota la finca el proceso de solicitud de concesión del uso de esos ocho pozos, aunque no se determinó que las captaciones se pudieran seguir utilizando durante su tramitación", precisa la CHG.
Tras los resultados de la inspección del mes de noviembre y el envío al juez y a la Fiscalía de Medio Ambiente del correspondiente informe de valoración de los hechos, la CHG recibió el pasado 10 de diciembre un auto del juzgado autorizando la entrada en la finca y estableciendo la posibilidad de que se adoptara por parte de este organismo de cuenca las correspondientes medidas cautelares sobre unos pozos cuya legalización "aún está en trámite".
"CIERRE CAUTELAR"
Una vez recibida esta resolución del juzgado hace apenas diez días, que implica también el levantamiento de la suspensión del procedimiento sancionador incoado el año pasado, la CHG ha preparado "con la mayor rapidez posible la intervención para proceder al cierre cautelar de las tomas". Estos ocho pozos ilegales, junto a las otras dos captaciones que sí cuentan con autorización, se utilizaban para el riego de 153 hectáreas de naranjos.
La finca, según esgrimía la empresa en 2023 por su parte, "cuenta con una autorización de riego mediante pozos de 606.000 metros cúbicos de agua por año y almacenamiento de las aguas extraídas en una balsa privada de 304.000 metros cúbicos de agua al año, con autorización para regar 200 hectáreas", mientras en la actualidad "se riegan 122 hectáreas de naranjos con sistema de riego por goteo autorizado por la CHG merced a una sentencia, una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca".