SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de Vectrus, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), ha avisado este jueves de que dicha compañía "no cede" ante la demanda de que desista de los 12 nuevos despidos planteados por la misma, que se sumarían a otros 24 acometidos "a cuentagotas" desde 2014, fecha en la que fue consumado el último expediente de regulación de empleo (ERE) en la plantilla.
Mario Sanjusto (USO), presidente del comité de empresa de la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe) para los servicios civiles de la base de Morón, ha explicado a Europa Press que fue el pasado 1 de marzo cuando la empresa comunicó su intención de acometer 12 despidos, que se sumarían a otros 24 consumados desde el último expediente de regulación de empleo como tal.
"Es un ERE encubierto", ha dicho avisando de que con estos 12 nuevos despidos, Vectrus sumaría un total de 36 extinciones de contratos sobre la plantilla española desde el último ERE reconocido como tal, --promovido por la empresa antecesora en el contrato de gestión--, mientras la base de Morón sigue incorporando "civiles estadounidenses contratados en origen", una dinámica denunciada desde hace años por los trabajadores españoles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de España y Estados Unidos.
En ese sentido, el presidente del comité de empresa ha expuesto que Vectrus "no cede" ante las demandas de que desista de estos nuevos despidos y mantiene su pretensión de consumarlos entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.
Y ENCIMA "HAY MÁS TRABAJO"
Es más, según Mario Sanjusto, la empresa ha decidido "romper relaciones" con los representantes de la plantilla, por difundir los nuevos despidos. "Es una pataleta", ha criticado insistiendo en que Vectrus sigue adelante con estos 12 despidos pese a que "hay más carga de trabajo", y exponiendo que la empresa no se contenta con los beneficios que obtiene y quiere incrementarlos a costa de la plantilla española.
Vectrus, recordémoslo, relevó a finales de marzo de 2015 a Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, después de que dicha entidad hubiese acometido tres ERE desde 2010, desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.
LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL
El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.
El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado "ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press desestimaba el recurso de los trabajadores afectados y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".
Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos". Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos".