El comité de la base de Morón convoca dos días de huelga por la "mala fe" de la empresa en el nuevo convenio

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Vectrus, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), ha anunciado este jueves de que ha convocado dos jornadas de huelga para la última semana del mes, por la "mala fe" de la compañía a la hora de negociar el nuevo convenio colectivo.

Mario Sanjusto (USO), presidente del comité de empresa de la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe) para los servicios civiles de la base de Morón, ha explicado a Europa Press que en principio, la plantilla de trabajadores ha acordado celebrar dos días de huelga la última semana de mayo, con la opción de emprender una huelga ya "indefinida" si la empresa no modifica su postura de cara a la redacción del nuevo convenio colectivo.

Según el portavoz sindical, la empresa ha "rechazado todo lo negociado desde el mes de diciembre y propone una subida salarial del dos por ciento repartido en dos años", cuando el salario de los trabajadores de Vectrus está "congelado" desde 2015 y la propia compañía ha aprobado una subida salarial del tres por ciento para los próximos seis meses para sus empleados de una base turca en la que opera la Usafe, "así como para sus trabajadores de nacionalidad norteamericana que trabajan en la base de Morón".

LOS DESPIDOS

Todo ello, después de que la empresa haya acometido en los últimos tiempos seis despidos que se sumarían a otros 24 acometidos "a cuentagotas" desde 2014, fecha en la que fue consumado el último expediente de regulación de empleo (ERE) en la plantilla, mientras la base de Morón sigue incorporando "civiles estadounidenses contratados en origen", una dinámica denunciada desde hace años por los trabajadores españoles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de España y Estados Unidos.

Vectrus, recordémoslo, relevó a finales de marzo de 2015 a Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, después de que dicha entidad hubiese acometido tres ERE desde 2010, desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado "ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press desestimaba el recurso de los trabajadores afectados y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos". Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos".