Concentración ante la sede de AVRA en demanda de cumplir la "función social" de las VPO con más pisos y recursos

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración este martes del Día Internacional de la Justicia Social, la oficina de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Sevilla, en el distrito Sur, ha acogido esta mañana una concentración promovida por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados y la plataforma del Polígono Sur Nosotros También Somos Sevilla, en demanda de mejoras en la gestión del parque público de viviendas.

Los citados colectivos han expuesto, con relación a esta concentración, "la dificultad que enfrentan miles de personas en Andalucía para acceder a una vivienda", argumentando que para transformar las realidades sociales de los barrios desfavorecidos es fundamental "la adecuada gestión del parque público de viviendas".

Sevilla, recordémoslo, acumula seis de los 15 barrios con menor renta neta media anual por persona de toda España, según las estadísticas oficiales.

Al punto, los colectivos denuncian "la ineficaz gestión que la Junta de Andalucía realiza sobre su parque público de vivienda protegida, ya sea en régimen de alquiler o compraventa con pago aplazado".

"Denunciamos la falta de mantenimiento de las viviendas y de las zonas comunes, así como la falta de control sobre quiénes viven en ellas, lo que lleva a que en muchas ocasiones se utilicen para fines distintos a los previstos", señalan, pesando no pocos casos de usurpación de estas viviendas o de venta irregular por parte de sus adjudicatarios pese a no tener permitido tal extremo.

Las asociaciones también avisan de "la permisividad de la administración frente a los frecuentes problemas de convivencia en muchas comunidades de vecinos y la falta de medidas para promover la inclusión de personas con movilidad reducida", reclamando a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que "trabaje para conseguir que las viviendas cumplan adecuadamente la función social que les asigna la ley", incrementando la disponibilidad de viviendas públicas, regularizando la situación de las mismas, promoviendo el acompañamiento de nuevas comunidades vecinales para una convivencia armoniosa o incorporando "mediadores, educadores y trabajadores sociales para atender las necesidades de los residentes".

"No habrá justicia ni igualdad si las administraciones (central, autonómica y municipal) no priorizan la justicia social invirtiendo todos los recursos necesarios", enfatizan los colectivos.