SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera (Sevilla) ha condenado a una mujer por un delito de intrusismo a pagar ocho meses de multa, a indemnizar al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía en concepto de responsabilidad civil y costas del proceso, por ejercer la podología en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca sin disponer de la titulación requerida, esto es, grado o diplomatura en Podología.
Así lo ha dado a conocer este jueves en un comunicado el Colegio de Podólogos de Andalucía, que ha explicado que la sentencia que condena a esta mujer ha sido dictada "de conformidad" con las partes, por lo que "ha adquirido firmeza", y se origina al hilo de que la corporación colegial interpusiera una querella por un presunto delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 403 del Código Penal.
Según explica el Colegio de Podólogos, el juzgado de Utrera ha declarado probado que la "falsa profesional" realizaba en su domicilio de Los Palacios y Villafranca labores propias de la podología por las que establecía una tarifa, todo ello "sin estar en posesión de la titulación académica correspondiente".
Desde el Colegio valoran que se trata de "una de dos sentencias favorables obtenidas en tan sólo una semana en materia de intrusismo" por la propia entidad colegial, presidida por Jorge Barnés, y que se suma a la dictada en la provincia de Málaga por la que se condena a otro "falso podólogo".
Según ha agregado, entre las sentencias favorables tras denuncias por intrusismo realizadas por el Colegio de Podólogos de Andalucía destaca una pena de prisión en la provincia de Almería a final de 2015.
VALORACIÓN DEL COLEGIO DE PODÓLOGOS
"La lucha contra el intrusismo y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión es una de las prioridades de la Junta de Gobierno del Colegio de Podólogos de Andalucía", que actualmente tiene abiertos 43 procesos en juzgados de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, según indica la propia entidad, que "persigue esta práctica ilegal de la profesión sanitaria de su competencia, que no sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados, sino también, y sobre todo, a la ciudadanía al poner en riesgo la salud de los pacientes, que en casos especialmente serios como el pie diabético puede derivar en graves complicaciones cuando son tratados por individuos sin titular y que, por tanto, no poseen ni dominan las competencias de un podólogo".
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía pide "a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad del Estado que incrementen los esfuerzos en la investigación y persecución de estos casos, dadas la gravedad de las posibles consecuencias y la dificultad que para la obtención de pruebas tiene una institución colegial".
En este sentido, el jefe de la asesoría jurídica del Colegio de Podólogos, Antonio Sánchez, ha afirmado que "el 80 por ciento de las denuncias del sector se refiere a prácticas de intrusismo, de las que la mayor parte no son investigadas, si el Colegio no aporta las pruebas, lo que es sumamente difícil para una corporación profesional dadas las circunstancias en que se comete este delito".
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y LABOR SENSIBILIZADORA
El Colegio andaluz recuerda a la ciudadanía que "la acreditación oficial de colegiación debe estar visible en la consulta de podología", así como indica que, "ante una sospecha de intrusismo", la entidad colegial "inicia las comprobaciones sobre la colegiación del individuo y sobre si la consulta está inscrita en el registro de centros sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía".
El siguiente paso, según aclara, se centra "en la consecución de pruebas fehacientes a través de los propios pacientes víctimas del fraude y en ocasiones de servicios de detectives".
En la línea de "lucha contra el intrusismo profesional", el Colegio de los podólogos andaluces mantiene "una estrategia de actividades encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre las funciones del podólogo y sobre la importancia de la prevención y la salud del pie, que repercute sobre el estado general del organismo".
En este sentido, el Colegio Profesional defiende que los podólogos "son los únicos profesionales sanitarios especializados en el pie, tienen la capacidad de recibir directamente al paciente, diagnosticar, tratar, prescribir medicamentos e intervenir quirúrgicamente". "Poner los pies en manos de personas no tituladas ni capacitadas para el ejercicio reglado de la profesión, es poner en riesgo la salud", según enfatiza el Colegio.
De igual modo, recuerdan que la podología es una profesión regulada por la Ley de Ordenación Sanitaria 44/2003 para cuyo ejercicio en Andalucía es obligatoria la titulación universitaria de grado, que en esta comunidad autónoma imparten las universidades de Málaga y de Sevilla, además de ser miembro del Colegio Profesional de Podólogos correspondiente.