El consejo social de la UPO rechaza el incremento de tasas universitarias promovido por el Gobierno

Actualizado: miércoles, 13 junio 2012 21:46

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), reunido en sesión extraordinaria, ha rechazado el incremento de las tasas derivado del Real Decreto 14/2012, de 24 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. En opinión de este órgano de gobierno universitario, la normativa ha sido elaborada a espaldas de la comunidad universitaria, sin escuchar a sus representantes legítimos y sin el mínimo consenso necesario con el resto de sectores afectados.

En un acuerdo aprobado durante la sesión, según la UPO, el Consejo Social de la UPO rechaza el incremento de los precios públicos, que puede llegar hasta el cien por ciento, tanto en grados como en másteres. Unos cambios que, según los miembros del consejo, tendrán repercusión en las economías de las familias, sin que haya políticas de equidad que permitan a los ciudadanos la igualdad de derechos de acceso y permanencia. Por ello, reclama además una política amplia de becas y ayudas al estudio que garantice igualdad de oportunidades.

Durante la sesión, el Consejo Social ha subrayado el valor de las universidades como artífices del progreso social y como pilar fundamental del Estado de Bienestar. Si bien reconoce la necesidad de mejorar la eficiencia, de intensificar la excelencia y de lograr la estabilidad presupuestaria, el consejo encuentra que las medidas legislativas del Gobierno "podrían desvirtuar el concepto de servicio público, esencia de la creación y pervivencia de nuestras universidades".

Es por ello que rechaza las medidas derivadas del RDL 14/2012, solicitando su retirada y el inicio de un proceso de negociación con los rectores y los representantes de la comunidad universitaria. Todo con el fin de buscar el consenso necesario para dar una solución real a los problemas que hoy por hoy tiene la universidad pública española. En este sentido, pide además a toda la sociedad que participe en la defensa y en la mejora del sistema universitario como servicio público de progreso y cohesión social.