AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento del municipio sevillano de Aznalcóllar está recopilando información para incoar un expediente sancionador contra la empresa responsable de la fábrica clandestina de harinas y grasas destinadas a consumo humano que ha sido denunciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, por infracciones muy graves en materias de seguridad alimentaria, aguas y licencias. No obstante, el Consistorio había expedientado ya a la empresa porque las instalaciones de la fábrica superan ampliamente el objeto de la licencia de obras que le fue concedida.
Mientras la denuncia del Seprona propone el cierre de las instalaciones al carecer de autorización municipal o autonómica y ser detectados productos no aptos para el consumo humano en su línea de fabricación, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU-CA), ha manifestado a Europa Press que además del nuevo expediente, el Consistorio ya tenía incoado otro procedimiento previo contra esta empresa, por "vulneración de una licencia de obra" concedida.
Tal y como ha indicado Fernández, la empresa compró hace unos meses una nave en un polígono industrial aznalcollero y posteriormente, pidió una licencia de obra menor para la instalación de un almacén para herramientas que le fue concedida. Tras una inspección técnica, según el alcalde, los servicios municipales comprobaron que la obra "era mucho mayor de lo que se reflejaba en la licencia", por lo que se procedió "a tramitar un expediente de paralización de obra".
"La empresa, que tras este expediente presentó un proyecto al Ayuntamiento para conseguir una licencia para fabricar harinas y grasas animales para consumo humano que aún no ha sido estudiada, hizo caso omiso a la paralización de la obra y culminó la construcción y la puesta en marcha de una fábrica ilegal y clandestina, tal y como nos lo hizo saber la Guardia Civil que realizó recientemente una inspección", ha detallado Fernández.
Por todo ello, el alcalde aznalcollero ha indicado que se está trabajando "con el máximo rigor posible" para conseguir toda la información "posible", para que el Consistorio a través de sus servicios jurídicos ejecute "un expediente sancionador que se sume a la sanción urbanística ya desarrollada".