La Corrala esgrimirá el cariz "político" en los juicios del viernes

Diego Cañamero, Daniel González Rojas y el líder de Equo arropan al colectivo en su rueda de prensa previa a los inminentes juicios

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de la Corrala Utopía, desalojado en 2014 de unas viviendas propiedad de Ibercaja y ubicadas en la avenida de las Juventudes Musicales, en Sevilla capital, ha celebrado este miércoles una rueda de prensa ante las vistas orales prevista para el viernes por el Juzgado de lo Penal número siete, que prevé juzgar por un presunto delito de usurpación a dos miembros del colectivo.

La rueda de prensa ha contado con una concentración en defensa de los dos acusados, Maximiliano y Jesús, que afrontan sendas multas de 720 euros por parte de la Fiscalía, a cuenta de un presunto delito de usurpación. A esta concentración han acudido miembros del colectivo, como Toñi o Irma, así como el histórico líder jornalero Diego Cañamero; el portavoz municipal de IU-CA en Sevilla, Daniel González Rojas; y el líder de Equo en la ciudad, Esteban de Manuel.

Ana Isabel Segado, abogada del colectivo, ha explicado que durante las dos vistas orales que se celebrarán el viernes, la representación de los acusados hará "valer" tanto el cariz "político" con el que habría sido tratado el caso, como las "circunstancias personales" que pesan sobre ambos acusados. En ese sentido, y en unas declaraciones recogidas por Europa Press, ha expuesto que la "división" del asunto en diligencias judiciales individualizadas por cada uno de los presuntos protagonistas de la ocupación, en lugar de acumular todas las actuaciones en un mismo procedimiento, ha supuesto un intento "evidente" de debilitar al colectivo mediante la "división" del mismo.

Del mismo modo, ha explicado que uno de los acusados que el viernes afronta su juicio, Maximiliano, "nunca ha vivido" en los pisos en cuestión y jamás habría sido "identificado" por la Policía Nacional como tal. "Él nunca ha vivido allí. Después del desahucio y la separación del matrimonio, su exmujer y su hija decidieron ir allí y él acudía pero para cuidar de su hija", ha expuesto.

Respecto al otro acusado, Jesús, ha manifestado que después de ser "desahuciado", se incorporó a la Corrala Utopía ya muy avanzado el año 2013, con lo que "fue identificado por la Policía durante el desalojo, pero no antes". Así las cosas, la representación de los acusados hará valer tales argumentos dentro de su estrategia de defensa, para "que el fiscal retire la acusación", solicitando en cualquier caso la absolución.

LA CORRALA

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones.

Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad Residencial Murillo, si bien Ibercaja se retiró del procedimiento judicial después del desalojo.

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

EVALUACIONES SOCIALES

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".