La defensa de Borbolla pide su absolución por falta de "conciencia de ilegalidad" y culpa a la Junta

"La Junta en bloque manifestaba que era legal", avisa el letrado invocando el principio de "confianza en la Administración"

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha abordado este lunes los informes finales de las defensas del juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

A la hora de exponer su informe final, Adolfo Cuéllar, abogado defensor de José Rodríguez de la Borbolla, ha rechazado que las ayudas por valor de más de 8,4 millones de euros cosechadas por el citado grupo de empresas entre 2001 y 2007, empresas encabezadas por su patrocinado, derivasen de "una organización destinada a engañar a la Administración para apropiarse del dinero público en su propio beneficio".

En ese sentido, recordemos que en su informe final, la fiscal del caso consideraba que todos los acusados actuaron "a sabiendas" de que las subvenciones fueron entregadas por la Junta de Andalucía a estas empresas "al margen de cualquier procedimiento legal", considerando además que todos ellos "sabían que nadie controlaría el destino" de los fondos públicos concedidos.

Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

Frente a la citada tesis de la fiscal, según la cual Rodríguez de la Borbolla contaba con "formación y experiencia para saber" cómo funciona la tramitación de una ayuda pública, la defensa de dicho acusado ha negado cualquier "conciencia de ilegalidad".

Y es que según ha esgrimido el abogado, pesa el principio de "confianza legítima en la Administración pública" y la creencia de que "es imposible que la Administración dicte resoluciones ilegales".

Sobre todo cuando el Gobierno andaluz del momento, según el abogado defensor, encuadraba estas subvenciones, --concedidas por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, condenado por el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida 31L de los presupuestos andaluces y fallecido en 2020--, en el acuerdo de concertación social del momento entre la Junta de Andalucía, la patronal y los sindicatos mayoritarios.

INCLUSO EN LOS PRESUPUESTOS

Dicho acuerdo, según ha alegado, comprendía un "protocolo para regular el apoyo a la viabilidad del tejido productivo con ayudas específicas para empresas en crisis que tuvieran un valor" en materia de empleo e influencia en su zona, lo que se tradujo en la inclusión de partidas para estas políticas en las sucesivas leyes de presupuestos autonómicos, según ha dicho.

Es decir que estas políticas constituían una "decisión de la Junta, de sus legítimos representantes", según ha avisado el abogado defensor de Rodríguez de la Borbolla.

En este caso, según ha defendido, las mencionadas empresas encabezadas por Rodríguez de la Borbolla tenían "actividad real", constituían un sector de "transformación" industrial del corcho y serían además las únicas en Andalucía en abarcar todo ese procedimiento productivo. "El mantenimiento del empleo era una cuestión esencial", ha enfatizado.

Después de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) autores de 275 informes sobre el conjunto de las subvenciones abarcadas por la macrocausa de los ERE manifestasen en el juicio que estas ayudas estaban descritas en los documentos como "específicas e incondicionadas", cuando una subvención "no puede ser incondicionada", la defensa de Rodríguez de la Borbolla ha reconocido "el desastre del procedimiento" promovido para canalizar tales fondos.

LA "AUTO INCULPACIÓN" DE GUERRERO

Al punto, ha invocado una comparecencia "auto inculpatoria" del difunto exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, según la cual hubo una "decisión" expresa de la Junta de Andalucía de no aplicar la Ley General de Subvenciones. "La Junta decidió no aplicar las precauciones oportunas", ha expuesto.

Frente a ello, ha insistido en la "confianza legítima" en la Administración, argumentando que si en aquellos momentos "nadie" de "la Administración, los bancos o las entidades" que participaban en la tramitación de las ayudas indagadas detectó incidencias, no es posible atribuir a su defendido "conciencia de la ilegalidad". "La Junta en bloque manifestaba que era legal", ha aseverado, alegando que no pesaba aviso alguno por parte de los gobernantes o los auditores, entre otros.

Por eso, ha asegurado que la "hipótesis" de una pretensión de "engaño" de su defendido a la Administración pública "es absolutamente ajena a la realidad", especialmente porque el dinero recabado fue destinado a "pagar a proveedores y a la Hacienda" pública.

"VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES"

Y de nuevo, la defensa de Rodríguez de la Borbolla ha alertado de una posible "vulneración de derechos fundamentales" por el hecho de que los acusados hayan sido juzgados como cooperadores necesarios sin que hayan sido sometidos a juicio los presuntos "autores" como tal de los hechos.

A tal efecto, recordemos que en el auto de procedimiento abreviado dictado en 2019 por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, con relación a esta pieza separada de la macro causa de los ERE, el magistrado determinó la imposibilidad de "depurar responsabilidad penal ni continuar el procedimiento" contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al figurar los mismos ya como encausados en la pieza del "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizadas las ayudas indagadas.

En esa pieza, recordémoslo, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los citados exconsejeros, quienes han comparecido en este juicio pero en calidad de testigos.

"Los supuestos autores (de los hechos) no están en este juicio, no por imposibilidad material, sino por decisión de la Administración judicial", se ha quejado de nuevo el abogado Adolfo Cuéllar, insistiendo en esa posible "vulneración de derechos fundamentales".

Así las cosas, mientras la fiscal reclama para Ángel Rodríguez de la Borbolla cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, su defensa ha reclamado la absolución, descartando por completo la prevaricación y accediendo, de manera alternativa, a una pena mínima de un año y 15 días de prisión por el posible delito de malversación.