Actualizado: jueves, 20 abril 2017 16:41

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor Universitario de la Universidad de Sevilla (US), Fernando Álvarez-Ossorio, se ha reunido este jueves con una representación de la Asamblea de Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos de la institución, a la que ha prestado su apoyo y se ha comprometido a estudiar su petición de amparo por la "precarización" del colectivo, definida en las dificultades de promoción y el endurecimiento de los requisitos de acreditación.

Así lo ha indicado a Europa Press el coordinador de la asamblea, Carlos Bueno, que ha dado cuenta de cómo se ha expuesto la situación ante el Defensor, "que ha sido muy comprensivo", en lo relativo a la búsqueda de una solución para apostar por la adaptación automática y la "estabilidad" del colectivo.

Ante ello, Álvarez-Ossorio ha anunciado que analizará el requerimiento y contactará con otras Defensorías de universidades españolas "para ver cómo se plantea la cuestión". Asimismo, "nos ha asegurado que podemos contar con su apoyo en todo aquello que pueda ayudarnos", ha añadido Bueno.

No ha sido el único movimiento en estos días de la asamblea, que también se ha reunido en el Parlamento con casi todos los grupos políticos para intentar recabar su respaldo y explicarle las reivindicaciones y la "preocupación" de este sector.

El mismo organiza ya para la próxima semana --probablemente el jueves 27-- una reunión en la que el colectivo votará las acciones a tomar, y entre ellas la posibilidad de huelga indefinida, para después de Feria y bajo la fórmula de asamblea permanente.

En defensa de esta petición se han entregado 1.300 firmas en apoyo a la adaptación automática, por acuerdo de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único (Civea), a la figura de contratado doctor una vez obtenida dicha acreditación.

En el escrito que acompaña a las firmas, consultado por Europa Press, se expone cómo todas las personas que ocupan plaza laboral en las universidades andaluzas bajo las figuras de ayudante, ayudante doctor y contratado doctor interino, accedieron, en su momento, a su puesto de trabajo como personal docente e investigador (PDI) laboral mediante concurso público bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Este colectivo ha tenido además que superar un "exhaustivo" sistema de acreditación autonómico o nacional para obtener hasta dos acreditaciones, la segunda de éstas la de contratado doctor, siendo la disposición de esta última el único requisito que exigen la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la Ley Andaluza de Universidades (LAU) para ser contratados a dichas figuras. Lo ha hecho, asimismo, en un periodo de fuertes recortes presupuestarios para la investigación.

"Esto les ha exigido tener que asumir grandes esfuerzos personales y económicos para cumplir con las exigencias curriculares de estancias, congresos, o publicaciones internacionales, prácticamente sin ninguna ayuda ni apoyo financiero. Con todo ello, quienes no lograron la acreditación a contratado doctor perdieron sus puestos de trabajo y vieron cómo esas plazas eran amortizadas", lamentan.

PERJUICIO "IRREMEDIABLE"

En definitiva, este colectivo, por una parte, ha demostrado "con creces" disponer de una alta capacitación, adecuada a las exigencias de excelencia investigadora y académica de los grupos de investigación y departamentos universitarios en los que desarrollan su labor profesional; y ha logrado, por otra parte, a través de sus acreditaciones, evitar que las plazas, en un contexto de drásticos recortes, fuesen amortizadas.

Bajo la situación de excepción que implicó la imposición de una tasa de reposición del 10 por ciento, se pactó en la Civea la conversión automática del contrato de ayudante doctor --acreditados para la figura de contratado doctor-- a contratado doctor interino, "y lo cierto es que el número de contratados doctores interinos ha ido creciendo considerablemente en estos años en las universidades andaluzas".

La finalización de este periodo de excepcionalidad a partir del año 2016, la parálisis de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y los cambios introducidos en los criterios de acreditación a los cuerpos docentes universitarios han llevado a este colectivo a una situación de "precariedad e incertidumbre" ante condiciones resolutorias sobrevenidas e improvisadas que le perjudican "de forma irremediable".

Y es que, ante dicha situación, los profesores ayudantes doctores acreditados a contratado doctor y los contratados doctores interinos se ven abocados a la extinción de sus contratos, viendo que se les restringe el derecho a la promoción automática que otras figuras del PDI de las universidades andaluzas sí disponen.

El colectivo también insta al rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, a defender una solución negociada en la Mesa Sectorial de Universidades que pase por la adaptación automática y que evite la vulneración de derechos de este colectivo "que tan perjudicado se ha visto en estos últimos años y que, aún a pesar de todas las dificultades, ha cumplido con la exigencia de acreditarse a contratado doctor".

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