La Audiencia de Sevilla deniega la libertad provisional a siete acusados por un alijo de 368 kilos de cocaína

La Audiencia asegura que la sentencia "no se demorará en exceso dado que tiene doble prioridad" por su complejidad y ser causa con presos

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha denegado las peticiones de libertad provisional formuladas por siete de los once hombres juzgados por participar presuntamente en la introducción en España de casi 368 kilos de cocaína procedentes de Colombia, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta del Ministerio de Interior. La Fiscalía, recordémoslo, reclama ocho años de cárcel y multa de 45 millones de euros para cada uno de los acusados, por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de notoria importancia.

En un auto emitido el pasado 26 de febrero y avanzado por la edición andaluza de Eldiario.es, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla aborda las peticiones de libertad provisional formalizadas tras la celebración del juicio por parte de los acusados José Luis M.B., José L.S., Carlos Alberto R.R., Jorge Luis L.S., Carlos Mario V.G., Juan María G.F. y Jorge R.J., alegando aspectos como que ya ha transcurrido cerca de un año y medio desde su ingreso en prisión preventiva.

Pero la Sección Tercera, pendiente aún de emitir sentencia sobre este juicio, considera que "siguen persistiendo" los motivos esgrimidos para ordenar la medida de prisión preventiva, como el riesgo de fuga o la "necesidad de asegurar la ejecutividad de un posible fallo condenatorio y la extensión del plazo posible de la prisión preventiva a la mitad de una eventual e hipotética condena, que no superaría el periodo ya pasado en prisión si esta hipotética condena fuere superior a tres años".

Por eso, el tribunal desestima las peticiones de libertad provisional, precisando eso sí que "el dictado de sentencia, pese a la complejidad de la causa y a la sorprendentemente copiosa cantidad de cuestiones planteadas, no se demorará en exceso, dado que la misma tiene doble prioridad por corresponder a causa de especial complejidad y a causa con presos".

En su informe final, el fiscal consideró que durante el juicio, habian quedado acreditados los hechos relativos a la introducción en España de un alijo de 365 paquetes de cocaína de una pureza media de más del 79 por ciento y un peso total de casi 368 kilogramos, dentro de un contenedor que contenía piñas y que había sido transportado en barco desde Colombia hasta el puerto de Málaga, desde donde fue transportado en camión hasta una nave de Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, lugar donde un dispositivo policial abortó toda esta operación.

El fiscal destacaba la "cantidad tan brutal de cocaína" que los acusados pretendían introducir en España para su venta a terceros, con pruebas tan "contundentes" como el hecho de que varios de ellos fueron sorprendidos "in fraganti" por la Policía Nacional en la citada nave de Carrión, mientras iban a manipular el contenedor con "herramientas y utensilios" para extraer del mismo los paquetes de droga. El valor de la citada cuantía de cocaína habría oscilado entre los 14,45 millones de euros al por mayor y los 37,9 millones de euros al por menor, según se calcula.

De este modo, el representante del Ministerio Público elevaba a definitivas sus conclusiones provisionales, toda vez que en su escrito de acusación, la Fiscalía precisa que el mencionado contenedor, cargado con piñas pero además con la citada cantidad de cocaína oculta en su fondo, fue recogido el 14 de septiembre de 2022 en el Puerto de Málaga por uno de los acusados, a los mandos de un camión marca Iveco, con el cual este contenedor fue transportado, recalando en una nave del polígono La Isla de Dos Hermanas, bajo la vigilancia de otros tres inculpados --dos de ellos policías nacionales y un escolta privado del Ministerio de Interior--, que circulaban en un Audi A6.

Al día siguiente, la organización habría enganchado el remolque con el mencionado contenedor a otro camión diferente, que habría partido conducido por otro más de los acusados, de nuevo bajo la vigilancia de tres de los mismos que viajaban en el turismo modelo Audi A6.

LA DESCARGA DE LA DROGA EN LA NAVE DE CARRIÓN

Este otro camión habría recalado en una nave del polígono Novopark de Carrión de los Céspedes alquilada por otro más de los acusados, quien "facilitó el inmueble para la descarga de la droga". En el interior de la nave, ya descargado el contenedor, otros cuatro de los acusados, uno de ellos agente de la Guardia Civil, estaban dispuestos para la manipulación del mismo al objeto de extraer la droga, mientras el citado vehículo Audi A6 seguía realizando labores de vigilancia en el exterior, con tres de los encartados a bordo.

Fue en ese momento cuando un dispositivo policial se saldó con el arresto de los tres acusados que ejercían labores de vigilancia y los cuatro inculpados que se habían hecho cargo del contenedor con la droga, según el Ministerio Público.

Figura en el escrito de acusación un último acusado responsable de la "coordinación" de parte de la operación y del reclutamiento de algunos de los encausados para la realización de la misma, así como la intervención de numerosas armas de fuego cortas, munición y más equipamiento policial en las viviendas de los agentes encartados.

En ese sentido, el fiscal del caso desgranaba los detalles de los supuestos hechos contenidos en su escrito de acusación, asegurando que "no hay ninguna duda de la autoría" por parte de los encausados, comenzando por los dos policías nacionales y el escolta del Ministerio de Interior, de quienes destacaba que "siempre" actuaron en funciones de "vigilancia, control y seguimiento" del cargamento de droga, en favor de los intereses del grupo delictivo.

ESTABAN "CONCERTADOS"

El hecho de que estos agentes siguiesen a cada uno de los camiones que transportaron la droga fuera de sus misiones oficiales y que coincidiesen con el primer conductor del alijo en una escala simultánea en una estación de servicio de la autovía A-92, según el fiscal, prueba que estaban "concertados" con dicho conductor y su participación en la trama.

También recordaba el testimonio del policía nacional encargado de instruir las diligencias de dicha operación, quien relataba que supieron de la condición de agentes de tres de los encartados en el momento de las detenciones y que después, por los protocolos de comunicación entre unidades, tuvieron constancia de que Asuntos Internos ya contaba con "información previa" sobre estos funcionarios a los que calificó de "corruptos".

El fiscal señalaba además cómo los cuatro acusados detenidos en el interior de la nave, uno de ellos guardia civil, fueron sorprendidos "in fraganti" mientras se disponían a desmontar el doble fondo del contenedor para acceder a los paquetes de cocaína; señalando además los "contactos" de los conductores de los camiones con el acusado considerado "coordinador" de la operación; así como el papel del acusado que "facilitó" la nave de Carrión para la operación.

Se trata, según sus palabras, de hechos "obvios y evidentes", acreditados mediante pruebas "contundentes", que deben conducir a una sentencia condenatoria.