La "desprotección" de empleadas de hogar o migrantes refleja las "fallas" del sistema ante la crisis, según abogados

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La "desprotección" en materia de cobertura laboral que afrontan estos días grupos como empleadas de hogar sin contrato o extranjeros con su situación en España aún pendiente de regularizar, ante las consecuencias de las severas restricciones a la actividad implícitas en el estado de alarma implantado para combatir la propagación del coronavirus Covid-19, refleja según la cooperativa social de abogados Derechos Al Sur las "fallas" de las administraciones a la hora de hacer frente a esta gran crisis.

Luis de los Santos, miembro de la cooperativa de abogados Derechos Al Sur, ha explicado a Europa Press que como consecuencia de las citadas restricciones, reforzadas con la suspensión de todas las actividades que no sean consideradas como esenciales hasta el 9 de abril para ahondar en el confinamiento en los hogares y contener la expansión del virus, la entidad de la que forma parte afronta un repunte de consultas de ciudadanos que se ven en una "situación de desamparo" por los efectos laborales de tales restricciones.

En ese sentido, ha señalado la "desprotección" que sufren grupos sociales "ya vulnerables" antes de la irrupción de esta gran crisis sociosanitaria y económica. Así, ha desgranado que buena parte de las consultas que recibe su cooperativa de abogados proceden de personas mayores de 50 años "sin derecho a desempleo o ayudas", vendedores ambulantes sin regularizar y por ende en la misma situación, empleadas de hogar "sin contrato" o no dadas de alta en la Seguridad Social o extranjeros con su situación en España aún pendiente de regularizar y que han visto interrumpidas las diversas actividades de economía sumergida de las que vivían.

"EXPULSADOS" DE SUS HABITACIONES

En este último grupo, según ha precisado, la carencia de ingresos inmediatos ha motivado que algunas de estas personas hayan sido "expulsadas de las habitaciones compartidas" que habitaban y se hayan visto obligadas a recurrir a los dispositivos de ayuda social de las instituciones para conseguir alojamiento.

También figuran muchas consultas de autónomos que han tenido que seguir abonando la cuota a la Seguridad Social pese a cesar sus actividades, aunque ya finalmente este pasado martes el Gobierno central aprobaba una moratoria del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante seis meses para los autónomos y empresas.

Igualmente, entre las consultas recibidas por esta cooperativa de abogados destacan personas despedidas durante estos últimos días bajo la premisa de que no habrían superado el preceptivo periodo de prueba y que por tanto "no tienen derecho" a prestación por desempleo, así como personas que necesitan solicitar la conocida moratoria en el pago de hipotecas por haber pedido su trabajo o ver reducidos sus ingresos, al afrontar la entrega de documentación al Estado y los bancos "que en muchos casos resulta imposible de reunir al estar la Administración paralizada".

HAY NOVEDADES

No obstante, ha reconocido que finalmente, el Gobierno central ha "modificado" este pasado martes la acreditación de vulnerabilidad por la situación derivada de las restricciones del estado de alarma, siendo suficiente en estas circunstancias una declaración responsable del beneficiario sobre su situación.

"Estamos constantemente contestando dudas laborales", ha indicado Luis de los Santos, considerando que situaciones como las descritas reflejan las "fallas" del sistema en general para la protección de las personas vulnerables y de los mecanismos promovidos por las instituciones para hacer frente a los efectos de las restricciones a la movilidad y a la actividad impuestas para intentar frenar la propagación del coronavirus Covid-19.