La Diputación de Sevilla llevará "hasta las últimas consecuencias" su litigio del virus del Nilo y apoya a los pueblos

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha manifestado este miércoles que la institución que encabeza va a llevar "hasta las últimas consecuencias" su litigio contra el plan de control y prevención de los vectores del virus de la fiebre del virus del Nilo Occidental, transmitido a los humanos por mosquitos, bajo la premisa de que las actuaciones corresponden al Gobierno andaluz.

Javier Fernández ha destacado una vez más en su visita a Camas este miércoles que el control y prevención de los mosquitos transmisores de este virus es "una competencia de la Junta, al tratarse de un asunto de salud pública de primer nivel", ante lo cual ha considerado que el Gobierno andaluz del PP "se está poniendo de perfil, sin salid al auxilio de los municipios", en los que según la Diputación recae la responsabilidad y gasto merced al mencionado plan autonómico.

Por eso, ha defendido que la Diputación va a llevar "hasta las últimas consecuencias" su litigio judicial contra dicha planificación de la Junta, "para que un juez visualice quién tiene las competencias y para que no se trasladen las mismas a los municipios", que esgrimen su escasez de recursos.

Al punto, ha dicho que la Diputación ha puesto ya "todos los recursos" económicos sobre la mesa para el "rescate" de estos municipios, con dos contrataciones de urgencia por un valor de un millón de euros, gracias a lo cual ya hay "empresas trabajando" en los citados pueblos para combatir a los mosquitos.

Así, se ha remitido al pleno ordinario de julio que celebra este jueves la Diputación, que incluye las declaraciones de emergencia no catastrófica adoptadas por varios municipios por la incidencia del virus de la fiebre del Nilo Occidental, dando cuenta de la contratación por vía de urgencia por parte de la Diputación de dos lotes de actuaciones de control y prevención de los mosquitos transmisores de dicho virus en los 13 municipios designados por la Junta de Andalucía como afectados, que son Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares, Utrera y Villamanrique de la Condesa.

El pleno dará además cuenta de una resolución del presidente de la Diputación ordenando "ejercitar las acciones judiciales oportunas frente al acuerdo de 16 de abril de 2024 del Consejo de Gobierno de Andalucía, por el que se aprueba el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA), así como frente al mencionado plan".

El mencionado documento autonómico, tiene como objetivo "implantar medidas de vigilancia epidemiológica humana y vigilancia y gestión vectorial para la correcta prevención y control de enfermedades víricas, humanas y/o zoonosis, emergentes o reemergentes, transmitidas por vectores artrópodos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, poniendo especial énfasis en la fiebre del Nilo occidental, Crimea-Congo, dengue, chikungunya, fiebre del Zika y otras cuya relevancia sea establecida".

Según se argumenta en dicha resolución, el Gobierno andaluz hace "recaer en las Administraciones locales, tanto a nivel de prevención como de control, el ejercicio de competencias y responsabilidades en la materia, todo ello sin análisis competencial previo ni consulta a los órganos que tienen encomendada esta función preceptivamente, ni previsión económica alguna sobre el incremento presupuestario que genera la asunción de competencias no previstas en la Ley.

ATISBA "LESIÓN" A LA AUTONOMÍA LOCAL

"Son muchos los municipios de Sevilla afectados por el mencionado plan. Muchos de ellos cuentan con una población inferior a 20.000 habitantes, e incluso en algún supuesto inferior a 5.000 y consta que la Delegación Territorial de la Consejería de Salud (...) ha requerido a muchos de ellos el cumplimiento de lo ordenado, a lo que han seguido incluso la apertura de procedimientos sancionadores"; expone la resolución, con la que la Diputación considera que la citada regulación andaluza "lesiona" la autonomía de los ayuntamientos, al "establecer competencias en virtud de una norma que carece de rango legal, considerando a la Administración Local como un mero apéndice organizativo de la Comunidad Autónoma".

Al respecto, recordemos que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba conforme a derecho una resolución con la que la Junta reclamaba al Ayuntamiento de Isla Mayor la elaboración y aplicación de un plan municipal de vigilancia y control contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental, Pues "los artículos 5 y 18 del Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias, reconocen la aplicación de tratamientos de desinsectación y desratización y desinfectantes por los servicios oficiales de los municipios".

Es más, la sentencia esgrime que según la Ley General de Sanidad, "será responsabilidad de los ayuntamientos corregir las deficiencias de saneamiento e infraestructura en el ámbito municipal, que puedan favorecer la aparición y proliferación de artrópodos y roedores nocivos, así como mantener en adecuadas condiciones de higiene y limpieza las instalaciones y vías públicas, con carácter preventivo".