Docentes de la Hispalense critican que se coloque en una sola categoría al personal precario para el censo del Claustro

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos y la Asociación de Personal Docente e Investigador (Adius) de la Universidad de Sevilla (US) preparan un recurso contra la decisión de la Hispalense de situar a los contratados doctores interinos en la categoría B3 en el censo de cara a las próximas elecciones a celebrar en el Claustro de la institución.

Aunque inicialmente la decisión de la institución pasaba por situar a este colectivo en la categoría B2, donde están los colaboradores doctores y los contratados doctores, posteriormente, según ha precisado a Europa Press el portavoz de ambos colectivos, Carlos Bueno, se comunicó por escrito que ha existido un "error" y que, por tanto, se les ha situado a todos en la B3, donde también tienen cabida segmentos como los profesores asociados, los sustitutos interinos y varios sectores más del conocido como el personal en precario.

"No hay ninguna norma que regule una categoría distinta para nosotros, la única que lo regula es la Ley Andaluza de Universidades (LAU), según la cual ocupamos la categoría de contratados doctores", insiste Bueno, que califica lo ocurrido de "una nueva vulneración de derechos que pretende, en el fondo, mermar lo que entendemos es nuestra estrategia electoral de cara a las elecciones".

Y es que, aunque estratégicamente entienden que son "fuertes" tanto en el B2 como en el B3, la Asamblea de Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos entiende que situarlos a todos en una misma categoría "debilitará" las pretensiones del colectivo en tanto que no tendrán fuerza en dos apartados distintos, como querían, sin poder diversificar esfuerzos.

Esta asamblea se encuentra asimismo en proceso de preparación de movilizaciones para reivindicar su proceso de adaptación a la figura de contratados doctor a nivel andaluz, y en Granada, de hecho, este lunes se han empezado a presentar escritos en el Rectorado --irían al juzgado si el plazo administrativo concluye sin respuesta-- solicitando que este proceso se acometa.