Docentes, sanitarios y funcionarios de la Junta inician protestas contra el plan de ajuste y no descartan "nada"

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de profesores y docentes, de personal sanitario y funcionarios de la Junta de Andalucía se concentrarán este martes ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en protesta contra el plan de ajuste y los "recortes" llevados a cabo por el Gobierno andaluz, en lo que será la primera acción de un calendario de movilizaciones en el que no descartan "nada", incluidos paros, huelgas o medidas judiciales.

Las movilizaciones han sido convocadas por los sindicatos Faspi Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrados por Safja, Sindicato Médico (SMA) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía; por la FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), formada por Satse (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente; así como la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería (USAE), integrado por SAE (Sindicato de Auxiliares de Enfermería) y FATE (Federación Andaluza de Técnicos Especialistas).

Los sindicatos convocantes piden a los ciudadanos que acudan a dicha movilización contra este plan de ajustes que se ha presentado "sin ningún tipo de negociación previa con los agentes sociales" y han criticado que se convoque para este martes la Mesa General de Función Pública "sin haber renovado esa mesa tras las elecciones sindicales", algo que provoca la "exclusión" de estos sindicatos, que son los "legítimos representantes de los empleados públicos", en una situación considerada "ilegal".

Todos los representantes sindicales apuntan una serie de medidas de ajuste alternativas a los "recortes" salariales de los empleados públicos, ente ellas la reducción del 50 por ciento de altos cargos en la administración andaluza; la eliminación de los asesores de confianza de los altos cargos; eliminación de los puestos de libre designación; reducción de consejerías y direcciones generales; reducción "drástica" de gastos de protocolo; vuelta al sistema de fiscalización previa por la Intervención General de todos los gastos ocasionados en el sector público.

Todos los sindicatos también demandan el establecimiento de un tope anual a los emolumentos totales recibidos por los altos cargos y fortalecimiento de las garantías de publicidad y transparencia; eliminación de la 'Administración paralela' en la Administración General de la Junta; eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de empresarios; persecución del fraude fiscal en la Comunidad; reducción drástica de los planes y programas que "desangran el presupuesto público sin obtener resultados satisfactorios"; y una reducción "drástica" de las partidas millonarias destinadas a propaganda institucional.

Los portavoces han indicado que en el caso de la sanidad, la no renovación de contratos por ampliación de los horarios afectaría a 10.000 personas, mientras que en la educación, por la ampliación de las horas lectivas habrá 5.000 docentes interinos menos, lo que supone una reducción del cinco por ciento de la plantilla, mientras que si las sustituciones no se cubren, habrá entre 2.000 y 3.000 interinos más, afectados por los recortes, según apuntan.

El representante del Sindicato Médico (SM), Gerardo Ferreras, ha defendido la sanidad andaluza, "una de las mejores de España, de Europa e incluso el mundo" y ha expresado el malestar de los profesionales sanitarios, quienes "están en pie de guerra porque están siendo injustamente paganos de la crisis en la Comunidad". Ferreras apunta que existe "una tensión difícil de controlar, donde las redes sociales arden, pues los profesionales no se conforman con explicaciones con poco fundamento".

"La sanidad está realmente tocada", ha aseverado Ferreras, quien ha proclamado la independencia del Sindicato Médico, el cual "no está vendido a nadie", y pretende contactar con partidos políticos y la Junta para "dar solución al problema".

Por su parte, el secretario general de Safja-A, Carlos Sánchez, ha aludido a la existencia de la 'Administración paralela' desarrollada por la Junta a través de la Ley de Reordenación del Sector Público o 'Ley del Enchufismo' y donde están "25.000 personas en dicha administración paralela", de forma que critica que "se recortan derechos de los empleados públicos, se recortan sueldos y ayudas sociales, para premiar y dárselo a esta casta de privilegiados de la Administración paralela, adeptos al Gobierno andaluz".

Sánchez, quien critica la posición de UGT y CCOO, a los que llama "los sindicatos gubernamentales", ha pedido a los tres sindicatos presentes en la Mesa General --estos dos y CSIF-- que no acudan a dicha convocatoria, toda vez que "no están todos los representativos". Asimismo, dejó claro que no quiere que haya despidos en la Administración 'paralela' pero sí pide que se saquen a concurso público dichas plazas "y se adjudiquen bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad".

El secretario general de Satse, Francisco Muñoz, quien también aludió a la ausencia sindical en la Mesa General, ha recordado que la sanidad "es un sector público y esencial" y considera que "si somos tan imprescindibles para la Junta, lo que debe hacer es renovar los contratos, pues nos tememos que los contratos no se van a renovar y en verano habrá un déficit de profesionales".

Muñoz ha reclamado que se supriman las ayudas a sindicatos y partidos y reitera que hay alternativas a los recortes salariales y de derechos. Asimismo, apunta que en Andalucía además del "recorte" salarial del diez por ciento en casi todos los conceptos, a lo se le suman la reducción del 15 por ciento, de forma que "todos ello se traducir en un recorte del 25 por ciento en las retribuciones". También advierte de que "si la Administración legislara contra el trabajador, el trabajador irá en contra de la Administración".

"LLUEVE SOBRE MOJADO" EN EDUCACIÓN

Por su parte, el portavoz de ANPE, Francisco Padilla, quien ha recordado que los recortes "se han celebrado con el sector de la educación" y ha recordado la negativa situación que ya vivía la educación andaluza, de forma que este plan de ajuste "llueve sobre mojado". Padilla también ha lamentado que se trata de unas medidas "impuestas" por las administraciones y ha anunciado que los trabajadores se organizarán para llevar a cabo medidas de presión para que la Junta retire ese plan.

Por su parte, el portavoz de la APIA Javier Herrera, considera que la educación pública "se ha vuelto inoperante e ineficiente" y ha recordado la mala posición en relación con otras comunidades, tras lo que critica las reformas anteriores llevadas a cabo en la educación, que han supuesto "el maquillaje de la señorita Pepis", de manera que "nadie quiere meter mano al sistema educativo".

Herrera ha apuntado una serie de medidas donde "se puede recortar", como la reducción de la "cohorte" de asesores, la eliminación de la llamada Agencia de Evaluación Educativa y con la que "se podrían ahorrar cinco millones"; la supresión de la medida de regalo de ordenadores que supone un coste de 80 millones de euros; la desaparición de del reparto gratuito de libros de texto para todos, campaña que tiene un coste de 50 millones; o la desaparición de liberados totales, entre otras medidas.

Por su parte, Joaquín Cano, de FATE y USAE, lamenta las medidas "drásticas" en materia de recortes que afecta a los empleados públicos, insiste en la necesidad de arbitrar otras alternativas y apunta que este plan de ajuste "supondrá una rebaja de cotizaciones y de las pensiones".