AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)
La ruta en bici o "ecomarcha" promovida por Ecologistas en Acción ha hecho escala este miércoles en el entorno comprendido entre el estadio de la Cartuja y el cauce del Guadalquivir, para alertar de que el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis, implica un "vertido tóxico continuado en el Guadalquivir".
Los participantes en esta movilización ecologista han denunciado así "la impunidad con la que las autoridades ambientales de la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pretender permitir el envenenamiento del río".
Los colectivos ecologistas avisan en concreto de que la autorización ambiental aprobada por la Junta de Andalucía para la nueva explotación de la corta minera permite un "vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir".
"En total, la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hectómetros cúbicos en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana", alertan.
"PELIGRO ALIMENTARIO"
"Este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlucar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana. En este tramo del estuario se localizan las tomas de riego de los arrozales y donde se crian los alevines del golfo de Cádiz, por lo que se pondrá en peligro la seguridad alimentaria de esos productos".
La reapertura de la mina, de otro lado, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
Al respecto, el Gobierno andaluz del PP y el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU, defienden de su lado que el nuevo proyecto de explotación de la mina cuenta con garantías en materia de medio ambiente y un plan de restauración, entre otros aspectos.
EL JUICIO PENAL POR LA ADJUDICACIÓN
De otro lado, recordemos que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.