Equo emplaza a Valderas a que anule el acuerdo municipal sobre Valdevaqueros

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La formación Equo Andalucía se ha dirigido por carta al vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, para que use los mecanismos legales vigentes con el objetivo de que "inmediato" impugne el acuerdo del Ayuntamiento de Tarifa sobre Valdevaqueros.

Según señala en un comunicado, el proyecto en la playa virgen "incumple la legalidad vigente al contradecir variada normativa ambiental y territorial, tanto andaluza como estatal y europea". Por ello, Equo Andalucía propone que se actúe "inmediatamente" para anular el acuerdo municipal, aplicando las competencias propias de la Junta de Andalucía, tanto en ordenación del territorio como en administración municipal.

Además, apunta que la Ley de Autonomía Local de Andalucía permite que "el consejero pueda pedir la suspensión y anulación de cualquier acuerdo de un ayuntamiento", por lo que "si es verdad que su formación está en contra de esta urbanización proyectada, no debería esperar para actuar y anular de raíz esa aberración". Igualmente, advierte de que "será responsabilidad del Gobierno en el que participa Izquierda Unida si este proyecto sigue adelante".

Para Equo Andalucía, aunque la normativa ambiental es "insuficiente", la Junta tiene mecanismos "suficientes" para defender el territorio y futuro de los espacios naturales. En este sentido, considera que "la principal carencia es la voluntad política que se suele doblegar ante la presión del dinero y las presuntas inversiones que ofrecen falsas ofertas de trabajo y riqueza".

Equo Andalucía se ha dirigido de esta manera a Valderas a través de una carta en la que, tras hacer referencia a las diferentes normativas que vulnera el acuerdo del Ayuntamiento de Tarifa, solicita que, de acuerdo con el articulo 56 de la Ley 5/10 de Autonomía Local de Andalucía, se proceda por su departamento "a requerir la anulación de dicho acuerdo" municipal y en su defecto a que por medio del gabinete jurídico de la Junta "se impugne jurisdiccionalmente el pretendido acuerdo para su anulación".