SEVILLA/MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, acude este martes a la reunión convocada por el Ministerio de Fomento con otras administraciones públicas, regionales y locales, para tratar el conflicto abierto entre el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), con empresas como Cabify y Uber, según confirman a Europa Press fuentes municipales.
A la reunión, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, liderará a partir de las 19,00 horas, acuden consejeros autonómicos, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y responsables municipales de ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. El encuentro tiene como objetivo reforzar la inspección en los dos sectores, con el fin de que ambos cumplan con los requisitos necesarios para operar y con su normativa de explotación.
La reunión se produce tras la huelga de taxistas de la pasada semana y teniendo en cuenta los conflictos producidos en las distintas ciudades. Concretamente, en Sevilla, después de que Cabify desembarcase en la capital en septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de ésta; mientras que los conductores de Cabify denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad.
En ese contexto, la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía investiga actualmente a 27 taxistas, por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, con relación a los trayectos al aeropuerto hispalense de San Pablo. De hecho, este fin de semana se detenía a un taxista tras hallar en su vehículo elementos como un punzón, jeringuillas, una capucha y huevos, a la par que se intervenían discos duros y material informático de la sede de Solidaridad del Taxi, en el aeropuerto hispalense.
Además, cabe recordar que durante la Feria de Abril un total de nueve turismos que trabajaban con Cabify resultaron calcinados tras ser incendiados en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores, hechos que investiga la Guardia Civil.
POTENCIACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Fomento y el resto de administraciones con competencia en esta actividad buscan potenciar la inspección de estos sectores ante la esperada cascada de licencias de VTC que se está registrando en virtud de sentencias judiciales, que las han llevado a supera el ratio de autorizaciones establecido por ley frente al taxi.
En concreto, las empresas de VTC han logrado en los últimos años 3.740 licencias por vía judicial, a las que se podrían añadir "miles" más en las próximas fechas.
De esta forma, en la actualidad, el sector de empresas como Uber ya tiene casi tres veces más licencias de las que le corresponden por ley. En concreto, suma 5.928 licencias, un 170 por ciento más de que las 2.188 que le correspondería en función de la legislación, que establece la concesión de una autorización de VTC por cada treinta que se otorgan al taxi. Este gremio, de su lado, suma 65.670 autorizaciones.
El origen de las sentencias judiciales que está provocando el crecimiento de estas empresas y, por ende, el conflicto con el taxi, es una ley que el último Gobierno socialista aprobó en 2009 y que liberalizó el servicio.
El posterior Gobierno del PP volvió en 2013 a regularlo y a recuperar el ratio de concesión una licencias VTC por cada treinta para el taxi, la misma que estaba vigente antes de dicha ley. No obstante, ello no evitó que las empresas a las que entre 2009 y 2013 se negó la autorización recurrieran a los tribunales que, mayoritariamente, les están dando ahora la razón.
POLICÍA ESPECÍFICA
Entre las medidas que Fomento y las comunidades sopesan para reforzar las inspecciones figura la de configurar grupos de efectivos de Policía y Guardia Civil que se dediquen específicamente a este fin.
La inspección, competencia de comunidades autónomas con coordinación de Fomento, se centra en garantizar que los dos tipos de servicios, el del taxi y el del VTC, cumplan con la normativa.
Los dos sectores tienen que cumplir las mismas condiciones administrativas, pero en el ámbito operativo, los coches con conductor no pueden "propiciar la captación de clientes", esto es, circular por las vías o establecerse en paradas en busca de pasajeros, y deben realizar un contrato por cada servicio que realicen.