El ex director general de Trabajo Juan Márquez defiende la "legalidad" de las decisiones adoptadas desde su cargo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Márquez Contreras, sucesor de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, defiende que "todas" las decisiones que adoptó en este cargo se ajustaron "escrupulosamente a la legalidad vigente", declarándose "responsable" de "implementar un proceso regulado de concesión de ayudas excepcionales sociolaborales" e "impulsor de herramientas" destinadas al uso "diligente" de estas ayudas, en alusión a los fondos librados por la Administración autonómica para incentivar la reestructuración de empresas en crisis.

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, como es sabido, investiga una supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en numerosos expediente de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas e incentivados a través de los 647.869.157,45 euros librados por la Junta de Andalucía para respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula cuestionada por la Policía Judicial y que formaría parte de las diligencias.

LOS FONDOS Y LOS ERE

Estos procedimientos gozaban de financiación autonómica a través de las partidas libradas para este tipo de crisis empresariales por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) gracias a un acuerdo rubricado a tal efecto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía cuando Francisco Javier Guerrero encabezaba este departamento. La Policía Judicial, en el marco de las diligencias incoadas a tal efecto por el Juzgado de Instrucción número seis, cree ilegal este fórmula ideada por Guerrero al eludir supuestamente las ayudas la Ley andaluza de Hacienda Pública y los preceptivos controles fiscales, toda vez que el PSOE esgrime la Ley 38/2003 General de Subvenciones para defender esta fórmula y la intención de agilizar el libramiento de las ayudas.

Este aspecto de las diligencias se enmarca en la presunta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta a cuenta de la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 por Mercasevilla.

La investigación suma al menos 12 detenciones y la Consejería de Empleo ha reconocido ya al menos 70 posibles prejubilaciones ilegales, fruto de las incidencias descubiertas en expedientes de regulación de empleo de empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro Germans e incluso la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa).

EL PAPEL DE JUAN MÁRQUEZ

En este escenario, la edición andaluza de El País publica este miércoles que Juan Márquez autorizó en diciembre de 2009 el expediente de regulación de empleo promovido entonces por la compañía 'Calderinox', incluyendo el procedimiento la prejubilación del el ex delegado provincial de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, quien jamás había trabajado en esta empresa.

A tal efecto, Juan Márquez ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press que "todas y cada una de las decisiones que he tomado en el transcurso de mi responsabilidad al frente de la Dirección General de Trabajo se han ajustado escrupulosamente a la legalidad vigente". "En ningún momento he ordenado, facilitado o facultado para proceder de manera irregular en el desempeño de mis competencias", defiende Márquez.

En ese sentido, se declara "el responsable de implementar un proceso de concesión de ayudas excepcionales sociolaborales regulado, que permitiera dar seguridad jurídica a los beneficiarios de las ayudas mediante la formalización de resoluciones, así como impulsor de una serie de herramientas capaces de hacer un seguimiento 'a posteriori' que garantizase el correcto y diligente uso de las ayudas concedidas". Así, llama a no confundir "entre resolución de expedientes de regulación de empleo y ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por estos expedientes, que son gestionadas por asociaciones constituidas al efecto por los beneficiarios".

"Todas las decisiones que he tomado al frente de la Dirección General cuentan con su expediente de resolución, argumentando la concurrencia de las causas que dan origen a la concesión de las ayudas", señala Juan Márquez, quien recuerda que tras estas decisiones residían "dramas familiares fruto de la pérdida de empleo en edades avanzadas que hacen difícil su reinserción laboral", pues estas ayudas "han dado respuesta a situaciones de crisis tanto empresariales como sectoriales en diversos territorios de nuestra geografía andaluza, siendo un modelo reconocido por agentes sociales y económicos de compromiso social del Gobierno andaluz con sus trabajadores y trabajadoras".