El ex interventor de la Junta critica la "indigencia técnica" del informe pericial de Griñán en los ERE

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha criticado la "extrema indigencia técnica" de los informes periciales aportados a la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por parte de las defensas del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y de la exconsejera Magdalena Álvarez, que incurren a su juicio en errores "garrafales".

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el ex interventor señala que el informe aportado por la defensa de Griñán y de los ex directores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano "reprocha" a la Intervención de la Junta "no haber ejercido debidamente la función interventora en todas sus modalidades en relación a los expedientes de subvenciones" de los ERE que gestionaba la Dirección General de Trabajo.

"Esta acusación se repite nada menos que nueve veces a lo largo del citado informe, poniendo de manifiesto un interés exacerbado de sus autores en que prospere esta errada tesis", dice el ex interventor, que señala que el informe aportado por Magdalena Álvarez también incide en dicha tesis, lo que "presupone un categórico desconocimiento de principios esenciales del Derecho Presupuestario".

"ABSURDA"

A su juicio, ambos informes periciales "demuestran ignorar por completo qué sea, meramente, un expediente de gasto y se desenvuelven con inaudita falta de destreza cuando deambulan por entre las diferentes modalidades de la función interventora", punto en el que asevera que "la reiteradísima afirmación de los catedráticos de que la Intervención, pudiendo hacerlo, no fiscalizó previamente las subvenciones de los ERE no es sólo errada, al basarse en un desconocimiento supino de la norma vigente, sino que es absurda".

En este sentido, el ex interventor pone de manifiesto que la realización de la fiscalización previa de las subvenciones de los ERE "habría sido un empeño imposible para el interventor que lo hubiera pretendido", pues "acudiendo a una alegoría que probablemente entenderán los autores del informe, podemos decir que la Intervención no pudo fiscalizar las subvenciones de los ERE, así como el examen de un alumno no presentado resulta de calificación imposible".

"Dicho de otro modo, la fiscalización previa de estas subvenciones era un acto de contenido imposible, por inexistencia de objeto", puntualiza el ex interventor, que expresa su extrañeza por "la extrema indigencia técnica en la que han naufragado las pericias" mencionadas, de manera que "la pobreza argumental se ha pretendido combatir, con cierto patetismo, a base de la repetición 'ad nauseam' (hasta nueve veces en un informe y hasta diez veces en el otro) del mismo 'mantra'".

"MERO SUBTERFUGIO"

Manuel Gómez dice en este escrito consultado por Europa Press que "en la búsqueda de razones que expliquen tan insólitas consideraciones paramos nuestra vista en los promotores explícitos de los informes, más que en sus autores", de manera que, "desde esta óptica, puede adquirir algún sentido procesal una línea argumental que no constituye sino un mero subterfugio".

"Afirmando falsariamente que la Intervención pudo y no quiso fiscalizar las subvenciones de los ERE se pretendería encubrir la verdadera finalidad de las transferencias de financiación del programa 31L, que no habría sido otra precisamente que evitar la fiscalización por los interventores de dichas subvenciones, así como eludir los límites presupuestarios legales", apostilla.

El ex interventor cree "incuestionable" que fueron el Gobierno y el Parlamento quienes "se fijaron como objetivo la puesta en marcha de un programa de subvenciones sin fiscalización previa de la Intervención y lo hicieron a través de las herramientas que, idóneamente, permitían obtener tal resultado", por lo que se pregunta "cómo puede reprocharse a la Intervención que no fiscalizara dichas subvenciones si eso era precisamente lo que se pretendía".

"ARTIMAÑAS" PARA "ENDOSAR EL TANTO DE CULPA" A LA INTERVENCIÓN

"Lo que por decoro nos negamos a calificar es la conducta de quienes pretenden ahora con artimañas tratar de endosarle el tanto de culpa a la Intervención por la no fiscalización de las subvenciones", ya que "fueron ellos mismos quienes propiciaron, a sabiendas, dicho resultado con sus decisiones, elaborando y aprobando los anteproyectos y proyectos de presupuestos que contenían la partida de los ERE, tramitando y aprobando las ampliaciones de crédito de dicha partida y firmando los convenios".

En otro punto de su escrito, el ex interventor aclara que las decisiones organizativas (convenio de 17 de julio de 2001) y presupuestarias (presupuestación de las transferencias de financiación) que tuvieron como consecuencia que la gestión administrativa de las subvenciones del programa 31L quedase excluida de fiscalización previa de la Intervención "no pueden reputarse en modo alguno de ilegales y, mucho menos, delictivas".

"Podrían merecer un juicio negativo en términos políticos y de eficacia y eficiencia, si se concluyera que las debilidades de control intrínsecas propiciaron la adopción de decisiones ilegales y un incorrecto empleo de los fondos públicos, pero no pueden ser tildadas de ilegales, en modo alguno", opina Manuel Gómez, que dice que por ello "no ha de extrañar que sucesivos consejeros de Empleo, de Innovación y, sobre todo, de Hacienda, e incluso el Consejo de Gobierno, no tomaran ninguna decisión específica cuando la Intervención les comunicó, en diversas ocasiones, que las subvenciones del programa 31L, por mor de su diseño organizativo y presupuestario, no estaban siendo fiscalizadas por la Intervención".

"RECURSO DEFENSIVO DE OCASIÓN"

Y es que, como subraya, "el hecho de que las subvenciones del programa 31L no estaban siendo fiscalizadas fue advertido por la Intervención General a las máximas autoridades de la Junta, incluyendo, por supuesto, a la persona titular del departamento competente en materia de Hacienda, en cualquiera de sus denominaciones".

En este punto, se pregunta por el hecho de que, "si tal fiscalización era posible, y además obligada, ¿por qué no le ordenaron a la Intervención que la realizada, una vez que ésta les comunicó que no se estaban llevando a cabo?". "Esta incoherencia pone de relieve que este asunto se está utilizando ahora como un mero recurso defensivo de ocasión, dentro de la estrategia general de intentar desviar las responsabilidades hacia la Intervención de la Junta", indica.

Para finalizar, insiste en que la emisión por su parte de un informe de actuación "era improcedente", aseverando que "no resulta posible, bajo ningún concepto, seguir sosteniendo que la no emisión" por su parte de dicho informe "supone, no ya una infracción penal, sino un mero incumplimiento legal", para lo cual alude al acta de la reunión de coordinación de la Intervención General de la Junta de 27 de noviembre de 2015.

"Si tenemos en cuenta que la Intervención es un servicio del departamento de Hacienda, no se alcanza a comprender la reiteración con la que quienes fueron titulares de dicha Consejería incurren en la lamentable conducta de denigrar gratuitamente a aquella institución y a sus funcionarios", asegura, señalando en este sentido "lo absurdo de semejante empeño, pues, en todo caso, parece claro que el incalificable intento de responsabilizar infundadamente a la Intervención general en ningún caso redundaría en su propio provecho al ser aquéllos los superiores jerárquicos de ésta", concluye.