SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El exdirector gerente del SAE Antonio González Marín ha negado este lunes que haya dado o recibido orden alguna para saltarse la normativa vigente respecto a la Formación Profesional para el Empleo. "Sólo el pensamiento, no sabría ni calificarlo. Si alguien lo hiciera, se rompería la cabeza contra el muro", ha subrayado.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en la formación profesional para el empleo.
El compareciente que se ha sometido a las preguntas de los diputados, durante unas tres horas, ha señalado, además, que las competencias de Formación Profesional para el Empleo pasaron a la Consejería de Educación durante su ejercicio en el cargo en el SAE, desde el 13 de junio de 2012 hasta el 15 de julio de 2015.
En este sentido, ha señalado que cuando volvieron estas competencias a Empleo, "no fue al SAE" sino a una dirección general propiamente. Además, ha recordado que la estructura del SAE se modificó en 2013 para que la verificación y el control estuvieran separados de la gestión, trabajaran como "dos compartimentos estancos".
González Marín ha indicado que hasta que se completó la transferencia de competencias, "el SAE gestionaba los expediente, como máximo hasta el 1 de enero de 2013". "Esto es puramente material porque una segregación a mitad de tiempo es muy compleja y el SAE no lleva a cabo ninguna convocatoria de FP en ese tiempo", ha subrayado.
Preguntado por el diputado de IULV-CA José Antonio Castro sobre el traslado de los expedientes, el compareciente no ha recordado cómo se realizó, pero sí ha asegurado que "el SAE no ordena digitalizar ningún documento", sólo "se los da a Educación".
CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL SAE
A preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet sobre el cambio de estructura del SAE, el exdirector gerente del SAE ha apuntado a que "en todas las cosas hay posibilidad de mejora" y parecía "razonable" que "la gestión estuviera perfectamente separada de la verificación".
Al hilo de esto, ha explicado que la estructura del SAE se modificó el 2 de julio de 2013, "un mes más tarde" de que la Comisión Europea (CE) lo recomendara en un escrito dirigido a España y donde hace referencia a Cataluña, Galicia, Castilla y León y Andalucía. "No dice que no se cumplan las reglas sino que hay caminos de mejora", ha subrayado.
En este punto, ha sido cuestionado sobre el personal de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha precisado que cuando se transforma el SAE en agencia de régimen especial, también se incluye que el personal de la Faffe se integrara en el seno del SAE con "funciones que le son propias y sin ejercer potestades administrativas".
Respecto a las exceptuaciones de justificación de subvenciones, González Marín, aunque ha dicho no recordar si se cuestionó usar como normal un instrumento que debía ser excepcional, sí ha garantizado que, siguiendo la ley, la propuesta de exceptuación llevaba un motivo.
"Se hacía una convocatoria, se ponía en marcha cuando terminaba la justificación de la anterior. Se daba un encadenamiento de convocatorias, de no ocurrir así, no empezarías las nuevas convocatorias y los perjudicados serían los que van a recibir la formación en un momento de tasas de desempleo muy altas", ha explicado, aunque ha señalado que él no ha realizado ninguna convocatoria de formación y, por tanto, no ha vivido esa dinámica.
Cuestionado por el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, el compareciente no ha recordado quién elaboraba la propuesta de exceptuación ni el procedimiento material-administrativo que se llevaba a cabo.
No obstante, sí ha garantizado que "la exceptuación no exime para nada de que se lleve a cabo la justificación". "Una persona puede presentar en tiempo y forma la justificación, pero puede que al órgano gestor no le dé tiempo para hacer el expediente de justificación", ha señalado.
CONSORCIOS
A preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, el compareciente ha dicho que "apenas tuvo conocimiento" de los consorcios y su liquidación. Además, apelando al "rigor y al respeto a la comisión", González Marín no ha respondido a preguntas sobre diferentes irregularidades en los consorcios.
Preguntado en el segundo turno por el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico sobre los expedientes de reintegro abiertos a su llegada al cargo en el SAE, el compareciente ha dicho que no lo recordaba.
Y ante un informe de la Cámara de Cuentas, de 2013, en el que se avisaba del riesgo de preinscripción para pedir la justificación de subvenciones y para la petición de reintegros, González Marín tampoco ha recordado ese informe. "Me deja indefenso en mi respuesta si no tengo el informe", ha señalado, a la par que ha subrayado que "la preinscripción y los reintegros eran una preocupación permanente para evitar que hubiera pérdida de un sólo euro".
Por último, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha pedido "rigurosidad" y "no criminalizar" a los comparecientes. A sus preguntas, el exdirector gerente del SAE ha negado que hubiera "barra libre" de subvenciones y, de igual manera, ha negado que con las exceptuaciones "se abriera la mano al fraude", expresiones que con anterioridad señaló el Partido Popular.