El exdirector de IDEA dice que nadie le trasladó "sospecha o alerta de ilegalidad" sobre pagos investigados

Un exdirector del IFA ve "obvio" que Viera y Fernández "tenían relación" con los beneficiarios de las ayudas

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde declaró el pasado 22 de enero de 2014 como imputado ante la Guardia Civil en el marco de la investigación de los ERE irregulares y aseguró que ni la Intervención General de la Junta de Andalucía ni la asesoría jurídica ni el director de IDEA saliente "le participó alguna expresa advertencia, sospecha, preocupación o simple alerta de ilegalidad, cuestionable legalidad o de simple inadecuación procedimental en la forma que se venían efectuando las encomiendas de pago".

Y es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, las 13 declaraciones reclamadas tras la orden de la Audiencia Provincial de Sevilla y otras tres relacionadas con IFA/IDEA, tras lo que la magistrada ha dado traslado de las mismas a las partes personadas en el procedimiento.

Antonio Valverde, que dimitió como director general de IDEA a finales del pasado mes de junio tras comparecer ante la juez y acogerse a su derecho a no declarar, aseguró a la Guardia Civil el pasado 22 de enero de 2014 que fue el exconsejero Martín Soler quien le propuso para el cargo "por su conocimiento en relación a fondos europeos, puesto que IDEA gestionaba fondos dimanantes precisamente de la Unión Europea", según el acta de su comparecencia, consultada por Europa Press.

El exdirector general de IDEA relató que mantuvo dos reuniones con su predecesor en el cargo en diciembre de 2009 y enero de 2010 en las que le expuso las cuestiones "más relevantes en relación con la agencia" y le informó de los pagos que estaba realizando IDEA en relación al convenio marco de 17 de julio de 2001, aunque "sin entrar en mucho detalle", por lo que "ya tuvo la impresión de que ni era un tema esencial ni problemático".

Así, dijo no recordar que su antecesor "le hiciera ninguna mención especial sobre el asunto" y aseguró que no encargó a su secretario general o a cualquier otra dirección dependiente de la Dirección General el estudio o el análisis de la encomienda de gestión de 27 de abril de 2010, ya que "prevalecía el criterio de validez de los actos administrativos".

A su juicio, la aceptación de dicha encomienda "es una mera formalidad, pues un ente instrumental no puede negarse a acatar el mandato de un órgano superior", mandato que "deviene de la propia Ley de Presupuestos y de la Orden de Encomienda debidamente fiscalizada y publicada en el boletín oficial".

Entre las declaraciones notificadas a las partes, destaca también la prestada ante la Guardia Civil por el exdirector general del antiguo IFA Francisco Mencía, quien indicó que "está totalmente seguro" de que los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "tenían relación" con los empresarios beneficiarios de las ayudas, algo que "era obvio".

VIERA Y EL EXGERENTE DEL IFA EN SEVILLA, DE CAZA

Al hilo de ello, y cuestionado por la relación de Viera con el exgerente del IFA en la provincia de Sevilla Enrique Rodríguez Contreras, Mencía dijo en su declaración ante la Guardia Civil de septiembre de 2012 que ambos "tenían una estrecha afinidad política", pues Enrique Rodríguez "era militante del PSOE" y "le consta que eran muy amigos, incluso iban de caza juntos".

También destaca la declaración prestada por el expresidente del IFA entre 1994 y 2001 Salvador Durbán, quien narró que, "en ocasiones, cuando la Junta tenía prisa por conseguir con agilidad un objetivo, acudía al IFA", explicando que su situación como presidente del IFA "no era fácil, llegando a ser tensa en ocasiones", ya que "por un lado su jefe era el consejero de Empleo y él era un técnico puesto al frente de la agencia no por motivo de afiliación política sino por su formación y experiencia".

Por ello, "le costaba mucho trabajo --negociaciones-- negarse a sacar adelante algunos de los proyectos que desde la Consejería se le proponían", añadiendo que "cuando ponen al frente de la agencia a Antonio Fernández, quitan de la presidencia a un profesional y ponen a un político", de manera que el IFA "deja de estar dirigido por un técnico y pasa a ser dirigido por un político que a su vez es el viceconsejero de Empleo".

"TENSIONES Y ENFRENTAMIENTOS"

El exalto cargo aseveró que, con este nombramiento, la agencia "pasa a estar controlada por dos políticos; el consejero y el viceconsejero --presidente del IFA--", y añadió que "el tener que decir que no a determinadas propuestas le generaba ciertas tensiones y enfrentamientos", no obstante lo cual él "se negaba totalmente a que se adoptaran determinadas decisiones que no fueran acordes al dictamen jurídico de su gabinete o no tuvieran asignación presupuestaria".

"En ocasiones en las que se le ordenaba dar dinero a alguien, se negaba a proceder hasta que no le dieran la asignación presupuestaria para hacer frente al pago o si no disponía de informe jurídico favorable", dijo Mencía, que también afirmó no recordar que durante su época al frente del IFA éste "funcionara como una caja pagadora, como sí parece que pasó tras la firma del convenio de 17 de julio de 2001".

Otra declaración incorporada a la causa es la de José Antonio Vicente Ávila Quintana, exjefe del servicio jurídico de IDEA hasta 2009, quien puso de manifiesto que "le llamaba la atención" las "reiteradas ayudas que tenían fijada la cantidad de la ayuda en 1,2 millones de euros", límite por el que la ayuda tendría que ser ratificada por el Consejo de Gobierno.

En su declaración como testigo ante la UCO, dijo que también "le sorprendió" el hecho de que "se tuviesen que materializar una serie de ayudas sobre expedientes que no se tramitaban en la propia agencia", y aseveró que nadie "le trasladó que hubiese algún problema con la materialización de los pagos" ni le informó de "la falta de competencia de la Dirección General de Trabajo para la concesión de las subvenciones", pues "nunca se valoró si el director de Trabajo tenía o no competencias para otorgar subvenciones".