El exdirector de Vitalia asegura que los sindicatos cobraban como "una auténtica medida de presión"

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, imputado en la causa de los ERE irregulares, ha declarado este miércoles que el pago realizado por la mediadora a los sindicatos en concepto de comisión "es una auténtica medida de presión", ya que estas organizaciones sindicales se personaban en la empresa y decían "que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación" si ellos "no hacen otros costes actuariales de contraste o no revisaban los mismos", un estudio de contraste por el que tanto UGT como CCOO cobraban una comisión del 0,5 por ciento.

Albarracín, que ha comparecido este miércoles como imputado ante la juez Mercedes Alaya en calidad de representante legal de Permar 21, ha asegurado que las empresas "le exigían a la mediadora que le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación", añadiendo que "esto no sólo ocurría en Andalucía, sino en toda España, teniendo que soportar las comisiones" las entidades mediadoras, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Al hilo de ello, ha añadido que "según su experiencia personal, cuando ha estado" con los directores generales de Trabajo "ha visto una relación enormemente fluida con los sindicatos", llegando a leer declaraciones relacionadas con este tema "donde se dice que las pólizas se hacían con quien decían los sindicatos", lo que "en otros sitios de España resulta impensable", aunque ha reconocido que "nunca" ha estado en una reunión con el director general y los sindicatos, "salvo que haya podido coincidir alguna vez".

Tanto el exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida como su mujer, María José Marcos, han comparecido en la mañana de este miércoles ante la juez Mercedes Alaya a fin de ampliar sus declaraciones en calidad de imputados, pues hay que recordar que ambos ya comparecieron ante la magistrada el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil.

Así, Antonio Albarracín salió recientemente de prisión tras abonar la fianza de 600.000 euros que le impuso la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tras estimar parcialmente su recurso contra el auto de prisión dictado por la juez, mientras que su esposa quedó en libertad con cargos tras comparecer ante la magistrada.

En la jornada de este miércoles, la juez ha imputado un delito de blanqueo de capitales tanto a Albarracín como a su esposa, todo ello "por la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada por Albarracín como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedentes de fondos públicos".

Según la juez, ello "se traducía en el pago de una retribución variable" al exdirectivo de la mediadora "con cuyas ganancias adquirió desde 2006 a 2011" hasta ocho inmuebles, "destacando por su especial importancia" las transferencias que Atrado Mensajería realizó en 2006 a Permar 21 por importe de 117.066,48 euros, "sin que las mismas obedecieran a la prestación de ningún servicio y constituyendo dicha transferencia prueba evidente de la relación" de Albarracín con el entramado del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

PERMAR "NO SE HA NUTRIDO DEL IMPORTE DE LAS SOBRECOMISIONES"

Albarracín ha aseverado que Permar "no se ha nutrido del importe de las sobrecomisiones" y ha explicado que la mayor finalidad de esta entidad "era canalizar los variables que recibía de Vitalia, aunque también recibía facturaciones de otras empresas que no tenían nada que ver con Vitalia, aunque eran excepcionales".

Ha añadido que, antes de la constitución de esta sociedad, ganaba 100.000 euros anuales de sueldo bruto y un "variable" que "recibía de su mujer" de alrededor de 70.000 euros brutos pero "a partir de decir que quería marcharse" de Vitalia, el exdirectivo Eduardo Pascual le ofreció nuevas comisiones en torno a unos 250.000 euros al año.

Albarracín ha insistido en que no era director sino jefe de los consultores de Vitalia, por lo que las comisiones derivadas del negocio de Andalucía no las cobraba él, punto en el que ha señalado que "también cobraba más porque daba a la empresa y al resto de los consultores asesoramiento jurídico".

'LOS SEÑORES DEL SUR'

Sobre las transferencias a Atrado Mensajería imputadas por la juez, Albarracín ha dicho que "no sabe a qué obedecen", concretando que se trata de dos transferencias y una sola factura, mientras que, en relación a los inmuebles a nombre de Vitalia ha afirmado que "se adquirieron con el variable que cobraban de Vitalia, además de las facturaciones excepcionales de otras empresas".

De otro lado, el imputado ha señalado que con la expresión 'los señores del Sur' se refería a Juan Lanzas, punto en el que ha explicado que Vitalia pagó a Lanzas "el cinco por ciento, pero distribuyendo" dicha cantidad "en diferentes expedientes, ya que podían encontrarse con que tuvieran que pagar el cinco por ciento de expedientes caros, donde se había cobrado poco". "Se pretendía que el beneficio de Lanzas fuera equitativo y proporcional", ha apuntado.

Albarracín ha reconocido que, desde 2001, ha adquirido con su esposa en régimen de gananciales un piso en Madrid y tres plazas de garaje, lo que ha llevado a la juez a imputarle "a título personal" un delito de blanqueo de capitales.

EMBARGOS

Por su parte, su esposa ha dicho que "lo único que sabe de Permar es que utilizó para canalizar las ganancias de su marido en Vitalia, ganancias que hasta lo que sabe siempre han sido legales", pues "supone que lo que se ahorraba su familia del sueldo de su marido se introducía directamente" en dicha sociedad "y con ese dinero se realizaban las inversiones" señaladas por la magistrada, inversiones en los que "nunca ha participado".

Una vez han finalizado las declaraciones, se ha celebrado una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que fije una fianza "no inferior" a 200.000 euros para Permar 21, así como que se mantenga el bloqueo de las cuentas corrientes y la prohibición de disponer de "todos y cada uno" de sus bienes inmuebles.

También ha solicitado que se acuerde el embargo de dos vehículos que constan en la base de datos de la DGT a nombre de Permar 21.