El exsecretario general de UGT-A no comparece ante Alaya

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla no ha comparecido finalmente este martes ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares debido a que no le ha sido notificada la citación para declarar como imputado por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

   La magistrada Mercedes Alaya había citado a declarar como imputado a Francisco Fernández Sevilla este martes, a partir de las 13,00 horas, pero las fuentes han precisado que el exlíder sindical de UGT-A no ha acudido al Juzgado debido a que, a día de hoy, no le ha sido notificada la citación para declarar, por lo que la juez deberá citarlo otro día.

   Según las mismas fuentes consultadas, tampoco ha comparecido ante la instructora, por los mismos motivos, su compañera de sindicato Blanca Uruñuela, a quien la juez imputó también como firmante en el mes de diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta de Andalucía a Altadis.

   En el auto de imputación, la juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que "de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción", entre ellos el de Altadis, "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".

   La juez relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla" que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".

   "Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

"CHEQUE EN BLANCO CONTRA LOS FONDOS ANDALUCES"   

   Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 "por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas" del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.

   Este convenio de colaboración "no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta", de manera que "del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones".

   Quien sí ha comparecido este martes ante la juez Alaya ha sido Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, sexto hijo del empresario José María Ruiz-Mateos imputado en la causa, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, al contrario que sus hermanos, que sí declararon para poner de manifiesto que era su padre "quien tomaba las decisiones".

EL SEXTO HIJO DE RUIZ-MATEOS IMPUTADO SE NIEGA A DECLARAR

   La juez ha imputado a Alfonso Ruiz-Mateos tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en relación al ERE de Dhul y a las ayudas recibidas por tres bodegas de Jerez de la Frontera (Cádiz) vinculadas al grupo.

   Las mismas fuentes consultadas han precisado que ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones personadas han solicitado ninguna medida cautelar ni fianza de responsabilidad civil para el imputado.

   También ha comparecido ante Alaya Álvaro Mollinedo Gómez como responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente, quien sí ha declarado imputado por los mismos delitos que Alfonso Ruiz-Mateos y para quien el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de 743.000 euros y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de FCC y FCC-Medio Ambiente.

   La juez también había citado este martes como imputados, en relación a las mercantiles Cespa y FCC, a Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), y a Juana Mancilla, "como personas que participarían activamente en facilitar los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo a las referidas empresas".

   El primero de ellos no ha comparecido ante la juez, mientras que la segunda sí ha acudido al Juzgado, celebrándose una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía ha solicitado para ella una fianza civil de 130.000 euros, más el tercio legal previsto.