El extesorero de Almensilla admite su "culpa" en el desfalco y lamenta "haber jodido" al Sector F

Alega que lo ha "perdido todo" y no puede reponer el dinero e implica al exedil socialista Ismael Perea asegurando que tenía "deudas"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Julio Mateos Palacios, extesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla y principal acusado del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por el presunto desfalco de unos 2,5 millones de euros en las cuentas de la entidad, ha reconocido este miércoles primer día de la vista haber "jodido" a los parcelistas al apropiarse de dinero para su "lucro personal"; implicando en los hechos al exedil socialista y expresidente de la junta de compensación Ismael Antonio Perea y al apoderado de un bufete de abogados.

El que fuera tesorero de la junta de compensación del Sector F ha accedido a responder sólo a las preguntas de la fiscal del caso y de su abogado defensor, reconociendo directamente los hechos que le atribuye el Ministerio Público en su escrito de acusación y manifestando al concluir su comparecencia, que lamenta lo sucedido y el hecho de haber "jodido" al Sector F y a los parcelistas que lo componen. "Evidentemente, es culpa mía", ha enfatizado.

En paralelo, ha asegurado que le "gustaría poder hacer un retorno" del dinero desfalcado y perteneciente al colectivo de propietarios, pero él ha "perdido todo lo que tenía". "Yo lo he perdido todo", ha manifestado, señalando a los dos restantes acusados, Ismael Perea y Juan Carlos Navarro, para invitarles a que admitan también los hechos que se les achacan y compensen en lo que "puedan" el agujero económico dejado al colectivo de parcelistas.

A mediados de mayo de 2015, recordémoslo, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en España en agosto de 2016.

LA "CONFIANZA" DE LOS PARCELISTAS

En ese sentido, el auto de procedimiento abreviado del Juzgado número uno de Coria del Río, recogido por Europa Press, detallaba que "durante el periodo en el que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación, prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio".

Según el auto, Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado, "y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación", que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.

En cuanto a Ismael Antonio Perea, señalaba la juez instructora que "prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros". La instrucción del caso reveló así "un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euros, cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad".

TODO PARA SU "LUCRO PERSONAL"

Conforme a ello, Julio Mateos ha admitido en el juicio que en connivencia con los dos restantes acusados, Ismael Antonio Perea como entonces presidente de la junta de compensación y Juan Carlos Navarro, apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, fue extrayendo todas estas cantidades para el "lucro personal" de todos ellos.

Y es que según ha reconocido, su empresa Asema no prestó "ningún servicio" a la junta de compensación pese a los fondos que retiró de la misma para entregárselos a dicha sociedad empresarial que él controlaba, señalando otras extracciones mediante cheques al portador, que no respondían a gastos reales salvo en algunos casos de "pequeñas cantidades" destinadas a proveedores de la junta de compensación.

Los cheques formalizados en favor de la empresa Torrens Abogados, según ha agregado, tampoco respondían a "servicios" prestados por la entidad, pues a Juan Carlos Navarro "se le pagaba mediante cheques nominativos", es decir por otra vía paralela.

ISMAEL PEREA TENÍA "EL SUELDO EMBARGADO"

De este modo, Julio Mateos ha asegurado que los dos restantes acusados eran plenamente conscientes de la trama y participaban de la misma, explicando que por aquel entonces Perea "tenía el sueldo embargado" y afrontaba "deudas" pendientes y usó el dinero obtenido de la junta de compensación para "empezar a ponerse medio bien" en el plano económico y formalizar una hipoteca. En cuanto a Juan Carlos Navarro, ha asegurado que cuando supo del asunto, se interesó porque él, de su lado, quería "ganar más dinero" además del que cobraba por vía ordinaria de la junta de compensación.

La Fiscalía fijó finalmente en unos 2,5 millones el importe del presunto desfalco, solicitando en su escrito inicial de acusación para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros --con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago-- por un delito continuado de apropiación indebida y para Ismael Perea, una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.

Igualmente, la Fiscalía acusa también a Juan Carlos Navarro de un posible delito continuado de apropiación indebida y pide para él una pena de un año menos un día de prisión y una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros.