Intentó sacar a la mujer del centro tras ser decretado el estado de alarma y finalmente ha dado positivo en la prueba de Covid-19
SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La familia de una residente del centro de personas mayores DomusVi Santa Justa de Sevilla capital ha interpuesto ante el juzgado de guardia "una demanda" contra los responsables de dicho geriátrico, por los "perjuicios" derivados de la gestión de la pandemia de coronavirus Covid-19 en estas instalaciones donde según la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), ya serían 16 los ancianos contagiados que finalmente han fallecido víctimas del virus.
José Luis, hijo de la citada residente del geriátrico DomusVi Santa Justa, ha explicado a Europa Press que en la mencionada demanda, formulada a título "particular", se detalla que cuando el Gobierno central decretó el estado de alarma con las conocidas restricciones para intentar frenar la propagación del coronavirus Covod-19, intentó sacar a su madre del citado centro de personas mayores bajo la premisa de que aún no había "firmado ningún contrato" que vinculase a esta mujer a la residencia, ella llevaba "muy poco tiempo" en las instalaciones y estaba sana.
No obstante, en una respuesta escrita recogida por Europa Press los responsables del centro exponían que "en las circunstancias actuales, no se permite cualquier traslado y/o desplazamiento de cualquier persona, hasta que cese el estado de alarma".
Además, la dirección del geriátrico esgrimía que había "recibido una instrucción de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica" de la Junta de Andalucía, según la cual "todos los pacientes que reciban alta hospitalaria con resultado negativo al Covid-19, y que tengan su domicilio en una residencia de mayores, al tener su domicilio legal en ese establecimiento, deberán permanecer en aislamiento y en seguimiento activo en el mismo".
LA INSTRUCCIÓN DE LA JUNTA
En dicha instrucción autonómica, además, se precisaba según los responsables del centro de personas mayores DomusVi Santa Justa que "las personas que tengan su domicilio legal y habiten en una residencia de mayores no podrán salir de la misma si en esa residencia existe algún positivo de Covid-19", toda vez que ya entonces habrían sido detectados casos positivos de Covid-19 ene este centro.
A tal efecto, ha explicado que lo que se solicitaba era que a su madre se le practicase la prueba de coronavirus Covid-19, para dejarla salir en caso de que el resultado fuese negativo.
La negativa de la dirección del geriátrico a la salida de esta mujer de las instalaciones, según su hijo, podría considerarse una "retención ilegal" a cuenta de que no mediaba "ningún contrato" que la vinculase formalmente al centro y además sólo estaba residiendo en el mismo a modo de "prueba".
De cualquier manera, y dada la negativa de la dirección del centro a tal extremo, José Luis ha explicado que cuando finalmente la Junta de Andalucía ha "modificado" la instrucción de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica esgrimida por los responsables del geriátrico, su progenitora ha arrojado un resultado positivo en la prueba de Covid-19.
De hecho, habría sido ya trasladada al hotel Ilunion Alcora de San Juan de Aznalfarache, medicalizado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para atender a ancianos de las residencias de personas mayores contagiados de Covid-19.
"ANTES DE QUE SE CONTAMINASE"
"Deberían habernos dejado sacarla a tiempo, antes de que se contaminase", ha aseverado José Luis, considerando que la gestión de la dirección del centro ha "perjudicado mucho" a su madre y a su familia, lamentando además "la continua falta de información" oficial respecto a la situación suscitada en este centro de personas mayores marcado por la penetración de la pandemia y la muerte de 16 ancianos.
La Fiscalía de Sevilla, en cualquier caso, ha incoado diligencias informativas en torno a este geriátrico y al centro de personas mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, donde la Junta de Andalucía ha confirmado la muerte de 24 de los ancianos contagiados, según indicaban a Europa Press fuentes del Ministerio Público.