Fiscalía pide archivar por prescripción la causa a Carmelo Gómez (PSOE-A) por Mercasevilla

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que archive por prescripción de los delitos la causa contra el parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez por el supuesto pago por parte de Mercasevilla de las nóminas por un valor total de 8.390,55 euros que habría percibido cuando estuvo vinculado a empresas del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas mediante contratos que podrían ser "simulados".

   En un comunicado, el Ministerio Público informa de que ha remitido un dictamen a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA en el que rechaza abrir una causa especial contra el parlamentario al entender que habría prescrito en 2010 el posible delito de falsedad en documento mercantil por el contrato simulado con la empresa Imagine Solutions S.L., vinculada a Lanzas, y el posible delito de cohecho por el dinero recibido de la empresa que asciende a 8.390 euros más 1.647 en concepto de IVA.

   En este sentido, la Fiscalía recuerda que Carmelo Gómez fue contratado del 22 de marzo de 2007 al 1 de agosto de 2007.

   Al hilo de ello, relata que, el 14 de junio de 2006, el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, firmó un contrato de servicios con Maginae Solutions, empresa constituida cuatro meses antes.

   En el mismo, firma como administrador único Ismael José Sierra, aunque, según consta en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien controlaba "de hecho" la actividad de la empresa es Juan Lanzas.

   La empresa tenía como objeto social el asesoramiento de empresas y entidades públicas y privadas en temas socio-laboral, económico y tecnológico y en la gestión de recursos humanos, control y desarrollo.

   Cabe recordar que, el pasado 30 de marzo, la juez María Núñez Bolaños elevó por segunda vez al TSJA la exposición razonada para que investigue a Carmelo Gómez, todo ello después de que, el 9 de enero, el Alto Tribunal Andaluz acordara devolverle la primera exposición que remitió dado su "déficit argumental" y a fin de que concretara la participación del aforado en los hechos que se relatan.

   En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez pide al TSJA que investigue tanto a Carmelo Gómez como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra; a Fernando Mellet; al exconcejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.

   La juez considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos, "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima", y de un delito de falsificación de documento mercantil, "derivados de la confección, presentación y pago de las facturas".

   La magistrada recuerda que, por medio de un auto dictado el 9 de junio de 2015, la juez Mercedes Alaya acordó librar mandamiento a la UCO para que informase sobre el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas", pues "aparecen dados de alta el primero en 'Maginae Solutions', en 'Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en 'Consulting Social Siemur'".

   Al hilo, la juez alude a un oficio de la UCO donde "se hace constar" la existencia de distintos contratos y retribuciones a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez.

CONTRATOS "SIMULADOS"

   La instructora señala que, según se recoge en dicho oficio, "existen indicios suficientes para considerar que Fernando Mellet, en connivencia con Juan Lanzas e Ismael Sierra, con cargo a los fondos de Mercasevilla, abonó 70.024 euros (33.024 más 37.000), importe que prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas, en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social", ascendente a 69.751,41 euros, "de los trabajadores José Antonio García, Carmelo Gómez y María del Carmen Rodríguez".

   En este punto, la instructora alude al auto donde el TSJA acordó devolverle la exposición razonada y concluye que, una vez practicadas las testificales mencionadas, "existen indicios" de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

CONTRATADO COMO TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA

   La juez considera que "para comprender y entender indiciariamente la existencia de los hechos" habría que remontarse al atestado de la Guardia Civil de junio de 2015, donde se pone de manifiesto "la existencia de un entramado de empresas controladas por Juan Lanzas e Ismael Sierra, su cuñado", entre las que se encuentran Maginae Solutions, Consulting Social Seimur, y Al Andalus Mass Media Channel.

   En relación a Maginae, señala que en esta empresa "habrían figurado de alta en la Seguridad Social un total de diez trabajadores, la mayoría de los cuales se encuentran relacionados de un modo u otro al entorno familiar" de Juan Lanzas e Ismael Sierra y entre los que se encuentra Carmelo Gómez, quien estuvo contratado desde marzo hasta agosto de 2007.

   De este modo, "se le contrata como técnico superior en dietética", punto en el que recuerda que el objeto social de esta empresa es "el asesoramiento de empresas y entidades, de carácter público o privado, en el orden laboral, económico y tecnológico, así como todo lo concerniente a gestión de recursos humanos".

   "En principio, no parece existir una correlación entre objeto social y el objeto de la contratación", argumenta la instructora, que agrega que "se ha constatado" que esta empresa "contrataba personal sin trabajo y sin objeto de prestación alguno", ya que "ningún trabajador" de Maginae "conocía" a Carmelo Gómez "no existe documento, informe o cualquier otro elemento que acredite la prestación de servicios" por parte del diputado.

   Agrega que Maginae Solutions "pudo haber percibido" de Mercasevilla "unas cantidades que resultan coincidentes con las percibidas" por el parlamentario socialista "a través de facturas falsas", de modo que la empresa "recibiría fondos" de la lonja "para pagar las nóminas de Carmelo Gómez y los otros trabajadores".

"FACTURAS FALSAS"

   Según asevera, "los contratos, incluido el de Carmelo Gómez, podemos indiciariamente afirmar que fueron firmados en sede de Mercasevilla y en presencia" del que fuera director general, Fernando Mellet, a lo que se suma que "existen indicios de cómo se elaboraban, con cargo a otras empresas, facturas falsas", por lo que "esta actuación pudo hacerse extensiva a las facturas que aparecen con cargo a Mercasevilla".

   Por ello, "podemos presumiblemente considerar que las cantidades que percibió Carmelo Gómez por su supuesto trabajo" en Maginae "procedían realmente de Mercasevilla", para lo que "se elaboraban facturas falsas a cargo" de la lonja por Maginae.

   La juez considera además que Juan Lanzas, "en connivencia" con Fernando Mellet, "habrían instrumentalizado" el pago de los servicios presuntamente prestados mediante la emisión de cuatro facturas amparadas en los contratos de servicios firmados por Maginae Solutions y Mercasevilla.

   "Así, se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra", asevera la magistrada, añadiendo que "no existe indicio alguno que acredite que se desarrollara trabajo efectivo por las personas contratadas".