La fiscalía de Sevilla reduce dos meses su petición de condena a los activistas de la PAH acusados de desórdenes

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado por la vía Penal contra tres activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla que, en junio de 2015, protagonizaron un encierro de varias horas en una sucursal bancaria de la plaza de la Campana de la ciudad hispalense, en demanda de acuerdos para la renegociación de sus préstamos hipotecarios.

Para cada una de estas tres personas, según han informado a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía reclamaba inicialmente una pena de un año y ocho meses de cárcel por presuntos delitos de usurpación y coacciones. No obstante, y según las citadas fuentes, a la hora de las conclusiones el Ministerio Público habría modificado su petición, solicitando para los encausados un año y seis meses de cárcel, por un delito de desórdenes públicos con violencia.

Durante el juicio habrían testificado desde responsables de la citada sucursal del banco Santander, que retiró su acusación en la causa judicial, a agentes de la Policía Nacional que habrían intervenido en el mencionado encierro, que se prolongó hasta aproximadamente las 22,00 horas de aquel día de junio de 2015. Los tres encausados, de su lado, han solicitado la absolución, defendiendo en todo momento que aunque el encierro como tal fue celebrado, la protesta fue "totalmente pacífica".

De las tres personas afectadas por este juicio, según las citadas fuentes, dos figuran entre la docena de personas que el pasado mes de diciembre veían cómo el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla archivaba la causa incoada en su contra, por la ocupación de la misma sucursal bancaria del centro el 11 de noviembre de 2015, pocos meses después del encierro del que parte el juicio de este martes. Entre esas 12 personas entonces imputadas y sobre las que fueron archivadas las actuaciones judiciales, por cierto, figuraba la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato.

Estas dos mismas personas, además, veían cómo el pasado mes de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria del Río sobreseía otra causa incoada en su contra en la citada instancia judicial, por una denuncia por presuntos desórdenes públicos, injurias, ocupación indebida, acoso y daños en la acampada instalada durante varios meses ante una sucursal bancaria de dicho municipio aljarafeño.

Ante dicha sucursal del banco Santander de Coria del Río, estas personas y otras tantas reclamaban soluciones a los conflictos derivados de sus préstamos hipotecarios. El juez instructor, en ese sentido, ordenaba el sobreseimiento de las actuaciones, porque "no existen indicios (delictivos) suficientes que se puedan atribuir a los investigados".